El exdirector de Plus Ultra, Roberto Roselli, ha confirmado ante la Audiencia Nacional que la aerolínea hipotecó varios de sus aviones en 2019 para ocultar su situación de quiebra técnica antes de recibir un rescate público de 53 millones de euros. En un escrito presentado al juez instructor José Luis Calama, Roselli señala al broker holandés Simon Leendert Verhoeven como pieza clave de esta operación financiera, que facilitó la obtención de fondos estatales durante la pandemia.
El préstamo suscrito con Verhoeven, quien tiene base operativa en Suiza, fue utilizado para maquillar las cuentas de la compañía aérea y presentar un panorama financiero más favorable. Según el documento, al que ha tenido acceso este medio, el contrato de préstamo figura en la página 522 de un total de 610 páginas, y describe minuciosamente las condiciones bajo las cuales se hipotecaron los aviones. Esta maniobra habría permitido a Plus Ultra ocultar pérdidas y conseguir el apoyo económico del Gobierno de Pedro Sánchez, cuya intermediación se atribuye al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El propio Verhoeven compareció ante el juez Calama el mismo día en que Roselli entregó su declaración. Sin embargo, el prestamista se negó a responder a las preguntas tanto del magistrado como de la Fiscalía Anticorrupción. A pesar de ello, le fue retirado el pasaporte y se le impuso la obligación de firmar cada dos días en la Audiencia Nacional, una medida destinada a garantizar su presencia en futuras diligencias.
El caso Plus Ultra ha puesto en el centro del debate la transparencia y legalidad en la concesión de ayudas públicas durante la crisis sanitaria. La aerolínea, que recibió fondos extraordinarios para paliar el impacto de la pandemia, enfrenta ahora acusaciones por presuntas irregularidades en la gestión financiera previa al rescate. Este proceso judicial podría desvelar prácticas que comprometen la integridad del sistema de ayudas estatales, y cuestiona la supervisión ejercida por las autoridades.
Plus Ultra, fundada en 2011, se especializó en vuelos a América Latina y llegó a ser beneficiaria de un plan de ayudas aprobado por el Gobierno español para sostener el sector aéreo, muy afectado por las restricciones a la movilidad. El préstamo con Verhoeven y la posterior hipoteca de activos forman parte de una investigación más amplia que examina la gestión interna de la empresa y las posibles responsabilidades penales de sus directivos.
Este caso refleja la creciente preocupación en España por la fiscalización de fondos públicos y la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar fraudes. La Audiencia Nacional, institución que centraliza la investigación de delitos económicos complejos, mantiene abierta la causa mientras recopila testimonios y documentos que esclarezcan el entramado financiero detrás de Plus Ultra.
Para entender mejor el contexto, es relevante considerar la importancia de la aviación en la economía global y cómo la pandemia afectó a este sector, obligando a gobiernos a intervenir con ayudas millonarias. En este sentido, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico han advertido sobre los riesgos de un uso inadecuado de fondos en situaciones de emergencia, lo que subraya la urgencia de investigaciones como la que se sigue en España.
La investigación continúa abierta y la figura de Verhoeven, como supuesto cerebro financiero, será clave para determinar posibles responsabilidades. La decisión judicial sobre su libertad provisional refleja una estrategia para asegurar su colaboración en el proceso, que probablemente mantendrá la atención pública durante las próximas semanas.