TFJA y Secretaría Anticorrupción sancionan a 22 funcionarios por irregularidades
Las autoridades federales aplicaron destituciones, inhabilitaciones y multas tras investigaciones por corrupción y acoso en diversas dependencias.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, junto con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), impusieron sanciones a 22 servidores públicos de 16 instituciones federales tras detectar irregularidades cometidas entre 2020 y 2025. Las medidas incluyen destituciones, suspensiones, amonestaciones e inhabilitaciones de hasta diez años, además de multas por casi un millón de pesos.
Entre las dependencias afectadas figuran el Banco del Bienestar, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Salud, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Guardia Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). Las investigaciones se realizaron a través de los Órganos Internos de Control y la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex).
El TFJA fue responsable de dictar las sanciones por faltas graves, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se encargó de las no graves, en cumplimiento con la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las resoluciones pueden ser impugnadas, aunque las autoridades han anunciado que defenderán la legalidad de los fallos.
Uno de los casos más emblemáticos corresponde a una exfuncionaria del Banco del Bienestar en Sonora, quien en 2023 reportó un saldo final de un millón de pesos en su usuario, cuando el arqueo real fue de solo 45 mil pesos. Por este desvío, fue destituida, sancionada con casi un millón de pesos y recibió una inhabilitación por diez años. En la CFE, dos empleadas fueron separadas de sus cargos tras autorizar la contratación irregular de un servicio de transporte por cinco millones de pesos a un proveedor incumplido.
En el ámbito sanitario, un trabajador del Hospital Nacional Homeopático fue sancionado por presentar una licencia médica falsa para cobrar su sueldo durante seis días, y en el SAT de Mexicali se aplicó una suspensión por negligencia en la atención de un adeudo fiscal.
Además, la Secretaría Anticorrupción sancionó a cinco elementos de la Guardia Nacional en la Ciudad de México por presentar certificados de estudios falsos para obtener licencias de portación de armas. También se impusieron castigos por casos de hostigamiento y agresión sexual en hospitales del IMSS. Un funcionario del Banco Nacional de Ejército fue inhabilitado tras solicitar dinero a cambio de empleo, y en la Casa de Moneda de México se sancionó a empleados por irregularidades en contratos.
Estas acciones forman parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que busca fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción en el sector público mexicano. Los procesos de fiscalización y sanción apuntan a mejorar la confianza en las instituciones y garantizar el uso correcto de los recursos públicos, un desafío constante en el país.
Para conocer más sobre la legislación que regula estas responsabilidades, puede consultarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, el TFJA mantiene un portal con información sobre procedimientos y resoluciones en materia administrativa.
El combate a la corrupción es, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una de las prioridades para mejorar la gobernanza y el desarrollo sostenible en México, un país donde la transparencia sigue siendo un reto. La coordinación entre órganos internos y tribunales especializados busca dar mayor eficacia a estas políticas.