Hugo Aguilar se desmarca de decisión que cerró amparo sobre derechos laborales de jornaleros
Ministro presidente de la SCJN anuncia voto particular tras cierre de juicio que no analizó reformas laborales para trabajadores agrícolas
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, anunció que presentará un voto particular para diferenciarse del criterio mayoritario que cerró un amparo sin analizar la constitucionalidad de reformas que obligan a empleadores del campo a garantizar vivienda, agua, alimentos, atención médica y guarderías a jornaleros y trabajadoras agrícolas. La resolución fue tomada el 7 de octubre de 2026, en la Ciudad de México, y se basó en la falta de evidencia de que la empresa promovente tuviera personal dedicado a actividades agrícolas, por lo que no se discutió el fondo del asunto.
Cierre del amparo y el criterio mayoritario
El caso, identificado como Amparo en Revisión 197/2026, fue resuelto por mayoría en el Pleno de la Suprema Corte. Los ministros determinaron que la empresa demandante sólo presentó contratos laborales de personal administrativo, auxiliar contable y de cocina, sin probar la existencia de jornaleros o trabajadores agrícolas afectados por las reformas.
Por ello, concluyeron que las disposiciones que imponen obligaciones a los empleadores del sector agrícola no afectaban directamente la esfera jurídica de la empresa, por lo que el juicio se cerró sin pronunciarse sobre la validez constitucional de dichas reformas laborales.
Voto particular de Hugo Aguilar Ortiz
Aunque Aguilar Ortiz fue el ponente del proyecto que siguió el criterio mayoritario, dejó clara su postura discrepante a través de un voto particular. En conferencia de prensa, el ministro presidente explicó que su desacuerdo se basa en la necesidad de considerar las condiciones históricas y sociales de miles de jornaleros, especialmente indígenas y migrantes, que han enfrentado por décadas precariedad laboral, salarios bajos y falta de condiciones dignas.
Aguilar Ortiz recordó movilizaciones como las de San Quintín en Baja California en 2015, donde se denunciaron salarios de entre 70 y 80 pesos diarios, así como hacinamiento y carencia de servicios básicos. Por ello, subrayó que estas reformas buscan fortalecer los derechos laborales en un sector vulnerable y que el debate judicial debe atender esta realidad social.
Contexto de la reforma laboral
La reforma en cuestión fue publicada el 24 de enero de 2024 y establece nuevas obligaciones para los empleadores agrícolas. Entre ellas se encuentran proporcionar habitaciones dignas con agua potable y servicios sanitarios, alimentos durante la jornada laboral, atención médica en ausencia de clínicas del IMSS, medicamentos, así como guarderías y apoyos educativos para las familias de los trabajadores.
La SCJN ha validado estas medidas en otros amparos, reconociendo que los derechos laborales pueden generar obligaciones directas para los empleadores, no sólo para el Estado.
Para más información sobre los derechos laborales en México, se puede consultar la página oficial del Gobierno de México gob.mx.
El caso refleja la complejidad y sensibilidad que implica proteger los derechos de los trabajadores del campo en México. Asimismo, ilustra que dentro de la SCJN existe pluralidad de criterios para abordar estos temas, lo cual es parte fundamental de la dinámica colegiada del máximo tribunal.