Gobierno de Chihuahua, bajo influencia de exmandatarios y crisis política local
La administración de María Eugenia Campos en Chihuahua enfrenta críticas por la creciente influencia de exfuncionarios federales y la falta de liderazgo tras la renuncia de su principal operador político.
En Chihuahua, la figura del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa se ha vuelto central en la gestión estatal, según opiniones de actores políticos locales. Desde la campaña de María Eugenia Campos Galván, la gobernadora panista ha permitido que Calderón y su círculo cercano tomen un papel preponderante, especialmente en áreas clave como las finanzas y la asesoría jurídica. Ernesto Cordero Arroyo, ex secretario de Hacienda, y Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular de Calderón, están entre quienes ejercen una influencia directa en la administración, según fuentes consultadas.
La relación entre estos exfuncionarios y Campos Galván se refleja en la toma de decisiones y en el control de recursos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la autonomía del gobierno estatal. A esto se suma la presencia de César Jáuregui Moreno, quien durante su paso como secretario de Gobierno y luego como fiscal general concentró gran parte del poder político y de seguridad hasta su renuncia en abril, tras el escándalo que involucró a agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos en la entidad.
La ausencia de Jáuregui ha dejado un vacío en el aparato gubernamental local, al punto que legisladores federales como Lilia Aguilar Gil advierten que “no hay quién gobierne” en Chihuahua. La gobernadora, por su parte, ha sido señalada por su ausentismo y por priorizar viajes al extranjero sobre la atención de asuntos internos, mientras la violencia y la inseguridad permanecen en niveles críticos en la entidad.
El caso de los agentes de la CIA, que murieron junto a funcionarios estatales en un operativo en abril, ha tensado aún más el ambiente político. Campos Galván negó conocer la participación de la agencia estadounidense, pero su postura ha sido vista como parte de una estrategia para desviar responsabilidades. Además, la gobernadora enfrenta críticas por su cercanía con exfuncionarios del PRI y grupos empresariales que han reforzado su influencia en el gobierno local.
En medio de este escenario, figuras del partido Morena han denunciado la “entreguista” relación con Estados Unidos y la falta de atención a problemas sociales como la violencia, el desempleo y la crisis en comunidades indígenas. La diputada Andrea Chávez Treviño destacó que Chihuahua encabeza índices negativos de homicidio y secuestro, mientras la administración estatal se distancia de las necesidades de la población.
La controversia también alcanza el ámbito político-electoral. La oposición y sectores internos del PAN observan con preocupación la imagen de la gobernadora, que ha protagonizado enfrentamientos públicos y ha sido acusada de usar su condición de víctima para ganar simpatías. La polarización se profundiza a medida que se acerca el proceso electoral de 2027, en el que la figura de Campos Galván podría verse debilitada.
El contexto revela una compleja red de influencias políticas y empresariales que atraviesan el gobierno de Chihuahua. La deuda pública se ha incrementado significativamente, mientras la percepción de un estado sin dirección clara afecta la confianza de la ciudadanía. La falta de respuesta oficial a solicitudes de entrevista con la gobernadora refleja un clima de opacidad y tensión.
La crisis en Chihuahua es un ejemplo del desafío que enfrentan gobiernos estatales para mantener autonomía frente a presiones federales y grupos de poder, en un contexto marcado por la violencia y la desconfianza social. La influencia de exmandatarios federales y la ausencia de liderazgo local plantean interrogantes sobre el futuro político y social de la entidad.
Este caso se inscribe en un panorama nacional donde la relación entre gobiernos estatales y federales, así como la participación de actores externos, generan debates sobre soberanía y gobernabilidad en México, temas que también han sido abordados en foros internacionales como los de la ONU y la OCDE. La situación en Chihuahua invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer instituciones locales y garantizar la transparencia en la gestión pública.
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