Maru Campos acusa a Marina del Pilar de “traición a la patria” y exige al gobierno federal romper pactos con el crimen organizado
La gobernadora de Chihuahua lanzó una dura crítica contra su homóloga de Baja California y cuestionó la estrategia federal en materia de seguridad
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, conocida como Maru Campos, acusó públicamente a Marina del Pilar Ávila, mandataria de Baja California, de incurrir en una “traición a la patria” por supuestos vínculos con intereses extranjeros y el crimen organizado. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Campos demandó al gobierno federal cortar cualquier pacto con organizaciones criminales y aplicar la ley con imparcialidad, sin proteger a funcionarios señalados en investigaciones internacionales.
La controversia se desató esta semana tras la difusión de audios en los que la gobernadora de Baja California aparentemente negocia con una agencia extranjera para obtener protección personal, en un contexto en que enfrenta investigaciones y restricciones migratorias en Estados Unidos. El gobierno estatal de Baja California reconoció la autenticidad de las grabaciones, lo que para Campos constituye una confesión de traición, al poner en riesgo la seguridad nacional a cambio de impunidad.
Maru Campos contrastó esta situación con su administración en Chihuahua, donde aseguró que han enfrentado al crimen organizado “con la ley en la mano” y sin ocultar nada ante las autoridades estadounidenses. Rechazó las acusaciones que ha recibido desde Morena, el partido del gobierno federal, y señaló que quienes realmente traicionan a México son quienes pactan con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense.
En su mensaje, Campos hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación y al presidente para que rompan los pactos con el crimen organizado y apliquen la ley sin excepciones. Advirtió que la impunidad y los acuerdos con grupos delictivos erosionan la seguridad, la confianza ciudadana, la inversión y el empleo en el país.
“La patria es primero. No su partido. Defendamos la patria juntos”, concluyó la gobernadora chihuahuense, en una exhortación a la sociedad para mantener viva la memoria y exigir justicia.
Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión entre gobiernos estatales y la administración federal, que ha impulsado una estrategia de seguridad basada en la cooperación con autoridades y organismos internacionales para combatir la delincuencia organizada, pero que enfrenta críticas por supuestas omisiones y pactos oscuros. La disputa política también refleja la polarización entre Morena y sus opositores, con acusaciones cruzadas sobre corrupción y vínculos con el narcotráfico.
La seguridad pública en México sigue siendo uno de los retos más graves, con altos índices de violencia y presencia del crimen organizado en varias regiones. La exigencia de Maru Campos de una postura firme y transparente en la lucha contra la delincuencia coincide con recomendaciones internacionales para fortalecer el Estado de derecho y evitar la impunidad, como señala la Organización de las Naciones Unidas y organismos como la OCDE.
Las acusaciones entre gobernadoras y el llamado a la federalización o ruptura de acuerdos con el crimen reflejan la complejidad de un problema que trasciende lo local y exige una coordinación efectiva entre poderes y niveles de gobierno para garantizar la seguridad y el respeto a las instituciones.
Para entender mejor este conflicto, es clave considerar el papel que han jugado los gobiernos estatales en la estrategia de seguridad nacional, la influencia de partidos políticos en las políticas públicas y la presión que ejerce la opinión pública ante la impunidad y la violencia. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales para restablecer la confianza y avanzar hacia un México más seguro.