Felipe Calderón denuncia “justicia selectiva” tras detención de exgobernador Ruffo
El expresidente cuestiona la imparcialidad del gobierno ante la captura de un exfuncionario opositor.
La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presuntos delitos relacionados con el huachicol, ha reavivado el debate sobre la imparcialidad del sistema de justicia en México. Felipe Calderón, presidente del país entre 2006 y 2012, acusó al actual gobierno de aplicar una “justicia selectiva” que protege a sus aliados políticos mientras persigue a opositores.
En un mensaje publicado en la red social X, Calderón señaló que existe una lista de funcionarios del partido Morena presuntamente vinculados con el narcotráfico y organizaciones criminales, pero que no han sido objeto de investigación ni sanción. “Tienen enfrente una lista de funcionarios de MORENA acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección. Y no los tocan, los protegen”, escribió el exmandatario, quien además manifestó su solidaridad con Ruffo, pese a las críticas que ha recibido.
La acusación llega en un contexto de creciente polarización política en México, donde la 4T —siglas con que se identifica al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador— ha impulsado una agenda de combate a la corrupción y crimen organizado, pero ha sido criticada por sectores que denuncian persecución selectiva y falta de garantías judiciales. El caso de Ruffo ha sido interpretado por algunos como un ejemplo del uso político de la justicia.
Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las acusaciones de Calderón durante su conferencia matutina. “Negamos absolutamente que exista justicia selectiva”, afirmó, defendiendo la actuación de las instituciones encargadas de la procuración de justicia. Sheinbaum subrayó que la detención de Ruffo responde a procesos legales y no a motivaciones políticas.
El exgobernador Ernesto Ruffo, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 como el primer mandatario estatal no perteneciente al PRI después de casi siete décadas, enfrenta ahora acusaciones que, de confirmarse, implicarían la participación en una red de robo de combustible, un delito que ha sido prioritario para las autoridades federales. El combate al huachicol ha sido uno de los frentes clave en el esfuerzo gubernamental para frenar el desvío de recursos y la violencia asociada.
Esta disputa pública entre figuras políticas de alto perfil refleja la tensión que persiste en el sistema judicial mexicano y la percepción de la ciudadanía sobre la imparcialidad y eficacia de las instituciones. Para muchos especialistas, la transparencia y la independencia judicial son indispensables para fortalecer la democracia y combatir la corrupción endémica.
El contexto de estas acusaciones se enmarca en una serie de investigaciones y detenciones que involucran a exfuncionarios y empresarios, en línea con las políticas de la 4T, pero también en un ambiente de desconfianza que exige mayores garantías y controles democráticos. Organismos internacionales como la ONU y la OCDE han señalado la importancia de fortalecer el Estado de derecho para consolidar la gobernabilidad en México (ONU, OCDE).
La discusión sobre justicia y política en México continuará siendo un tema central en el debate público, especialmente en un año electoral, cuando la credibilidad de las instituciones será puesta a prueba por ciudadanos y actores políticos.
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