Claudia Sheinbaum recibe demandas por atención urgente al desplazamiento forzado en Chihuahua
Organizaciones civiles piden un plan integral para atender a las familias desplazadas que enfrentan crisis humanitaria en el estado.
Durante su visita a Ciudad Juárez con motivo de su segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interpelada por colectivos que forman parte de la Misión Civil de Observación del Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua. Estos grupos urgieron a la mandataria a incluir en su agenda la atención prioritaria al desplazamiento forzado que afecta a cientos de familias en la entidad, una problemática que ha escalado en los últimos años por la violencia y la inseguridad.
A través de un oficio dirigido a la Presidencia de la República, así como a los gobiernos estatal y municipales, las organizaciones solicitaron la creación de una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno para atender a las personas desplazadas. El documento subraya la necesidad de abordar tanto a las comunidades expulsoras, ubicadas en la Sierra Tarahumara y municipios como Guadalupe y Calvo, Moris y Uruachi, como a los lugares donde estas familias se han asentado, entre ellos Hidalgo del Parral, Delicias, Chihuahua, Aldama, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez.
Esta petición da continuidad a encuentros previos con autoridades federales y estatales, donde se planteó la elaboración del Plan Chihuahua, una estrategia integral con enfoque en derechos humanos para enfrentar esta crisis. Además, se propuso la conformación de mesas interinstitucionales que incluyan la participación activa de la sociedad civil, buscando superar la fragmentación y falta de coordinación que agrava la situación.
Las organizaciones alertan sobre las graves consecuencias de esta desarticulación, en especial para la población infantil. Han documentado casos donde niños desplazados han recibido múltiples dosis de vacunas en jornadas repetidas, como en Aldama, lo que refleja la ausencia de un sistema eficiente de atención médica. Asimismo, señalan que las familias carecen de acceso adecuado a servicios básicos de salud, educación, vivienda y seguridad en las localidades donde se concentran.
La crisis del desplazamiento forzado interno en Chihuahua es un fenómeno que refleja la complejidad de la violencia en regiones históricamente vulnerables. Según datos de la Comisión Estatal de Atención al Desplazamiento Forzado y organismos internacionales como la ONU, la falta de una respuesta coordinada y efectiva dificulta la protección de los derechos humanos y perpetúa la vulnerabilidad de estas comunidades.
El llamado de la Misión Civil de Observación busca que el gobierno federal, en colaboración con autoridades estatales y municipales, implemente medidas concretas y sostenibles que atiendan las causas y consecuencias del desplazamiento. Esta demanda cobra relevancia en un contexto nacional donde el fenómeno afecta a miles de personas y requiere una política pública integral, tal como lo recomiendan organismos como la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud en relación con el bienestar y protección de poblaciones vulnerables.
Chihuahua enfrenta así un reto urgente para garantizar la seguridad y dignidad de quienes han sido forzados a abandonar sus hogares. La respuesta estatal y federal será crucial para evitar que esta crisis humanitaria se profundice y para establecer un marco de protección que responda a las realidades de desplazamiento interno en México.
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