FGR investiga aseguramiento de combustible en Guanajuato tras cateo en San José Iturbide
Claudia Sheinbaum exige a la Fiscalía General de la República transparencia sobre el operativo y posibles irregularidades en hidrocarburos
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación relacionada con el aseguramiento de combustible en un inmueble del municipio de San José Iturbide, Guanajuato, luego de un cateo autorizado por la autoridad judicial. El operativo, que se llevó a cabo con base en indicios de irregularidades, permitió la localización de gasolina regular, premium y diésel cuya procedencia legal aún no ha sido acreditada.
En su conferencia matutina este lunes, la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, subrayó la necesidad de que la FGR informe con claridad sobre los motivos y resultados del aseguramiento. “La Fiscalía tiene que informar si había alguna actividad ilegal o qué llevó al aseguramiento de este lugar”, afirmó desde Palacio Nacional, al tiempo que defendió la autonomía del órgano investigador y rechazó asumir el papel de portavoz de la dependencia.
La FGR detalló que, ante la falta de documentación completa que acredite la legalidad del origen, manejo y destino del combustible, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) asumió la investigación para ejercer la facultad de atracción del caso. Hasta ahora, el personal ha realizado diversas diligencias, como el acopio y análisis de información relacionada con múltiples empresas vinculadas, así como entrevistas a directivos para verificar la trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo asegurado.
El operativo se enmarca en la aplicación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, una legislación que busca combatir el robo, comercio ilegal y otras conductas ilícitas en el sector energético, un problema persistente en varias regiones del país, incluida Guanajuato. El estado ha sido escenario de múltiples casos relacionados con el robo de combustible, que afectan tanto a la economía nacional como a la seguridad pública.
La investigación de la FGR coincide con esfuerzos del gobierno federal para fortalecer la legalidad en el manejo de hidrocarburos, en coordinación con autoridades locales y federales. Aunque el caso aún está en proceso, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas resalta la importancia de esclarecer cualquier irregularidad que pueda vulnerar el marco jurídico y los intereses públicos.
Este caso también pone en relieve la tensión entre los poderes responsables de la procuración de justicia y la percepción ciudadana sobre la autonomía y eficacia de las instituciones. La insistencia de Sheinbaum en que sea la Fiscalía quien informe directamente responde a críticas previas sobre la opacidad en casos similares y refleja la demanda social de claridad en asuntos que involucran recursos estratégicos para el país.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos se ha convertido en una herramienta clave para enfrentar el robo de combustible, un fenómeno que afecta la seguridad energética y económica de México. La fiscalía, en este contexto, actúa conforme al Código Fiscal de la Federación y las atribuciones que le otorgan las leyes para investigar y sancionar estas conductas. Para más información sobre esta legislación y su impacto, puede consultarse la página oficial del Gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas, que ofrece marcos internacionales sobre la lucha contra el crimen organizado.
La continuidad y resultados de esta investigación serán determinantes para conocer el alcance real de las irregularidades detectadas y las posibles responsabilidades, en un sector clave para la economía nacional y la seguridad energética del país.