La inseguridad y la inflación afectan gravemente a los pequeños comercios en México
Una encuesta nacional revela que estos factores presionan la rentabilidad y el consumo en las tienditas de barrio.
Las tiendas de la esquina, pilares de la economía local en México, enfrentan un doble desafío: la creciente inseguridad y una inflación que eleva costos y reduce el poder adquisitivo de sus clientes. Así lo advierte la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), tras consultar a 3,500 tenderos de las 32 entidades del país durante julio de 2026.
Casi nueve de cada diez comerciantes perciben que la inflación ha golpeado más fuerte que el año anterior, situación que se refleja en el aumento de precios de sus proveedores, reportado por más del 91% de los encuestados. Para mantener su clientela, el 82% ha tenido que reducir sus márgenes de ganancia, mientras que el 89% se vio obligado a subir los precios en los últimos seis meses. Los productos que más se encarecieron son las bebidas refrescantes, cigarros y botanas, mientras el consumo de comida enlatada, embutidos y dulces ha disminuido.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec, señala que el consumo popular se ajusta ahora a billetes de 100 y 200 pesos, dejando atrás al de 50 pesos, reflejo de la presión económica sobre las familias. Cerca del 40% de los comerciantes indica que sus clientes ya no pueden cubrir la canasta básica, y uno de cada cuatro reconoce que apenas alcanza para la mitad de ella. En este contexto, la venta a crédito crece: uno de cada tres mexicanos compra a fiado, según la organización, y la mitad de los comerciantes reporta un aumento en esta práctica.
Los costos fijos también representan un reto. El recibo de luz es el gasto más oneroso para el 83% de los tenderos y el que más aumentó en el semestre para el 77%. En negocios que facturan hasta 20,000 pesos mensuales, el pago bimestral de energía eléctrica se vuelve una carga que puede decidir la continuidad del negocio.
La inseguridad añade otra capa de dificultad. Aunque el 56.8% de los locales no ha sido víctima de delitos este año, entre los afectados el robo hormiga es el más común, con un 51.6%, seguido por la extorsión, que afecta al 20.1%. Rivera advierte que el monto mínimo exigido por extorsionadores se ha elevado de 200 a 500 pesos, y este delito se ha extendido a regiones como Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero y Guanajuato.
El control del mercado también ha caído en manos del crimen organizado en algunas zonas. Grupos delictivos regulan la venta de productos básicos como cigarros, pollo, huevo y granos, imponiendo precios y proveedores. En la zona metropolitana de Monterrey, el cigarro de contrabando ha desplazado al producto legal debido a la mayor rentabilidad que ofrece el mercado ilícito.
Además, el 51.1% de los comerciantes indica que sus proveedores han sufrido incidentes de inseguridad al distribuir mercancía. Más de un tercio considera que la violencia tiene un impacto económico alto o muy alto en sus negocios, y el 16.8% ha recibido presiones para adquirir productos de proveedores específicos.
La situación plantea un panorama complejo para un sector que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), emplea a millones y constituye una red esencial para la economía informal en México. La combinación de inflación, inseguridad y presión fiscal, en un entorno donde el gasto en servicios básicos como la electricidad aumenta, pone en riesgo la supervivencia de estos comercios, con consecuencias directas en el empleo y el abastecimiento local.
Este fenómeno también refleja las dificultades que enfrentan las clases populares para acceder a bienes básicos, en un contexto económico donde, según datos del Banco Mundial, la inflación en México ha superado el promedio regional, afectando particularmente a los hogares con menores ingresos.
La conservación y protección de estos negocios resulta fundamental para la estabilidad social y económica del país, en línea con estándares internacionales de desarrollo sostenible promovidos por organismos como la ONU y la UNESCO, que reconocen la importancia de las micro y pequeñas empresas para la cohesión social y el desarrollo local.
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