El principal obstáculo para el Programa de Vivienda para el Bienestar es la escasez de terrenos adecuados y con servicios básicos, advirtieron expertos en urbanismo. Aunque el gobierno se ha fijado la meta de construir 1.8 millones de viviendas sociales durante el sexenio, encontrar suelo bien ubicado, accesible y con infraestructura suficiente sigue siendo un reto mayúsculo que condiciona la viabilidad del proyecto.
Marisol Becerra, directora de Data y Estrategia en Monopolio, explicó que, pese al impulso que ha recibido la construcción gracias al programa, la falta de terrenos con servicios como agua, electricidad y transporte limita la expansión de viviendas habitables. El plan busca evitar errores del pasado, cuando se crearon fraccionamientos en zonas periféricas y desconectadas, que terminaron en casas abandonadas.
Este enfoque en priorizar la ubicación y la conectividad implica que los terrenos disponibles deben estar cerca de centros de empleo y contar con equipamiento urbano. Sin embargo, en grandes ciudades como Ciudad de México, la oferta de predios vacíos es casi nula, lo que obliga a recurrir a la reconversión de terrenos o la sustitución de inmuebles antiguos. Estas alternativas elevan considerablemente los costos, dificultando que se mantenga la accesibilidad de la vivienda social.
En ciudades como Guadalajara y Monterrey, donde la expansión urbana es mayor y existen terrenos disponibles en algunos municipios, los precios de la tierra siguen una tendencia ascendente. Además, en zonas turísticas como Los Cabos, la topografía y las condiciones geológicas complican y encarecen aún más la construcción. Este encarecimiento ha provocado que el sector privado prácticamente abandone el segmento económico tradicional, con apenas 355 viviendas terminadas en este rango durante el primer semestre de 2026, según el Registro Único de Vivienda.
Otro desafío que se vislumbra es la disponibilidad de mano de obra especializada para mantener el ritmo de construcción. Aunque la fuerza laboral actual permite cumplir las metas previstas para este año, la aceleración proyectada para 2027 y 2028 podría tensar la oferta de albañiles, cuadrillas y técnicos, cuya disponibilidad varía notablemente según la región.
La escasez de suelo urbano apto no solo dificulta la construcción de viviendas dignas y accesibles, sino que también pone en riesgo la política pública orientada a reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Este reto se inscribe en un contexto global donde el acceso a una vivienda adecuada es un objetivo clave para el desarrollo sostenible, tal como lo reconoce la ONU y organismos especializados en urbanismo y desarrollo social.
Ante este panorama, el éxito del programa dependerá tanto de la capacidad para gestionar el uso del suelo y la infraestructura urbana, como de la coordinación entre autoridades, desarrolladores y sociedad civil para evitar repetir modelos insostenibles del pasado. La experiencia internacional destaca que el acceso a la vivienda requiere no solo construir casas, sino integrar soluciones integrales que consideren movilidad, servicios y empleo, elementos esenciales para ciudades inclusivas y resilientes (Banco Mundial).
La política habitacional mexicana debe enfrentar estos desafíos para garantizar que el derecho a una vivienda digna se traduzca en soluciones concretas y sostenibles que respondan a las necesidades reales de la población.
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