Solicitan al Senado desaparecer poderes en Sinaloa por crisis de inseguridad
Abogados y colectivos piden intervenir el gobierno estatal ante la violencia y presunta corrupción vinculada al narcotráfico.
En medio de una escalada de violencia y acusaciones de nexos entre autoridades y el crimen organizado, la Alianza Mexicana de Abogados y varios colectivos entregaron al Senado una solicitud formal para la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. La petición busca que el Congreso declare la incapacidad del gobierno estatal para operar de manera legítima y efectiva, ante lo que califican como un “clima de terror” que afecta a la población desde hace dos años.
La presentación se realizó un mes después de que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitara licencia para separarse temporalmente del cargo. Los abogados Ricardo Beltrán Verduzco y Julio Alvarado Andrade, junto con la senadora priista Paloma Sánchez, encabezaron la entrega del documento ante la Mesa Directiva del Senado. En él se argumenta que la situación actual cumple con los requisitos legales para la desaparición de poderes, una medida extrema contemplada en la Constitución para restablecer el orden en entidades federativas.
“Sinaloa es el epicentro de la inseguridad a nivel nacional y vivimos la peor tragedia en la historia del estado”, afirmó Beltrán Verduzco. El abogado relacionó la crisis con la supuesta complicidad de autoridades locales con grupos del narcotráfico, y denunció que la actual gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, mantiene vínculos políticos con Morena y con actores implicados en redes criminales, como el senador Enrique Inzunza, señalado por autoridades estadounidenses por presuntas complicidades con el Cártel de Sinaloa.
La solicitud recuerda que hace casi dos años “El Mayo” Zambada, uno de los líderes de la organización criminal, fue capturado y trasladado a Estados Unidos, un hecho que habría agravado la violencia en la región. Los firmantes reclaman que el pueblo sinaloense merece vivir en un estado libre de violencia y sin la influencia de “narcopolíticos”.
Paloma Sánchez, representante del PRI y originaria de Sinaloa, insistió en la urgencia de intervenir el gobierno estatal para recuperar la seguridad y la gobernabilidad. “Estamos aquí para pedir que se vayan los narcopolíticos que tienen secuestrado al estado”, declaró a la prensa.
La desaparición de poderes es una figura jurídica excepcional que implica la suspensión temporal de las funciones de gobierno locales para ser asumidas por el Ejecutivo federal, con el fin de restaurar el orden y la legalidad. Esta medida ha sido utilizada en casos previos en México ante crisis profundas de gobernabilidad y violencia, aunque su aplicación siempre genera debates sobre la soberanía estatal y la intervención federal.
Sinaloa, históricamente conocido por su importancia en el narcotráfico y la violencia asociada, atraviesa desde hace años una situación compleja en materia de seguridad pública. La solicitud al Senado se enmarca en un contexto de alta incidencia delictiva y cuestionamientos sobre la integridad de las autoridades locales. La movilización de abogados y colectivos refleja la preocupación creciente de la sociedad civil ante la persistencia de estos problemas.
El Senado deberá ahora analizar la petición y decidir si procede la desaparición de poderes, lo que abriría una nueva etapa en la gestión política y de seguridad en Sinaloa. La resolución tendrá implicaciones no solo para el gobierno estatal sino también para la estrategia federal en materia de combate a la delincuencia organizada y fortalecimiento institucional.
La crisis en Sinaloa se inscribe en un panorama nacional donde la inseguridad sigue siendo uno de los principales retos para México, como documentan organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos locales son elementos clave para avanzar en la pacificación y el desarrollo social.
Antecedentes recientes muestran que la violencia en Sinaloa ha superado diversos umbrales, con enfrentamientos entre grupos criminales, ataques a fuerzas de seguridad y afectaciones directas a la población civil. La captura de líderes del crimen organizado, como “El Mayo” Zambada, no ha logrado reducir el nivel de violencia, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de revisar las estructuras de poder y la colaboración entre autoridades y organizaciones ilícitas.
La petición de desaparición de poderes refleja un reclamo de justicia y seguridad que, de ser atendido, implicaría un cambio significativo en la administración pública y la relación entre los poderes estatales y federales en México.
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