SCJN avala bloqueo de cuentas sin orden judicial y aumenta incertidumbre para inversionistas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación permitió el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial previa, generando preocupación en el sector privado por el impacto en la inversión.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que valida el bloqueo de cuentas bancarias con base en indicios de operaciones ilícitas, sin una orden judicial previa, ha encendido las alarmas entre empresarios y analistas. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó que esta medida incrementa el riesgo para inversionistas y puede alejar capital nacional y extranjero del país.
La decisión, adoptada por seis votos contra tres, responde a la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y ratifica la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Según el fallo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá ordenar el bloqueo de cuentas cuando tenga “indicios suficientes” de posible vinculación con actividades ilícitas o financiamiento al terrorismo, sin necesidad de autorización judicial previa.
Para la Coparmex, este esquema contraviene el principio constitucional de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20 de la Constitución, al permitir sanciones de facto antes de que se determine responsabilidad. Esto afecta la confianza del sector empresarial, que depende de un marco institucional claro y estable para decidir dónde invertir.
El organismo empresarial también advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas, que conforman más del 99% del tejido productivo en México, son las más vulnerables. A diferencia de las grandes compañías, no cuentan con estructuras legales ni reservas financieras que les permitan soportar bloqueos de cuentas, que pueden interrumpir pagos a nómina, proveedores y obligaciones crediticias.
Ante esta situación, Coparmex urgió a los legisladores a establecer límites claros para el uso de esta facultad. Propuso que el bloqueo de cuentas esté sujeto a un control judicial previo, con un plazo máximo de seis horas para validar la medida; de lo contrario, el bloqueo debería levantarse de inmediato. También solicitó que la autoridad sustente la acción con elementos sólidos en un plazo no mayor a 15 días, y que se garantice la notificación inmediata al titular para poder ejercer su defensa.
Además, pidió la creación de un régimen de responsabilidad para sancionar actuaciones infundadas y la adopción de mecanismos de transparencia que permitan conocer el uso de estas facultades periódicamente.
La controversia gira en torno a la tensión entre la necesidad de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y el respeto al debido proceso y la protección de derechos patrimoniales. En un contexto global donde México compite por atraer inversión extranjera bajo tratados como el T-MEC, la percepción de un entorno jurídico incierto puede afectar la llegada de capitales, según expertos.
Este debate también pone en el centro la función de la UIF, un órgano clave en la lucha contra el crimen financiero, pero cuyas facultades han generado cuestionamientos sobre su alcance y controles. La medida busca acelerar la respuesta a riesgos financieros, pero sin un marco claro puede derivar en abusos o afectaciones injustificadas.
La reforma y su validación judicial representan un cambio significativo en la legislación financiera mexicana, cuyo impacto en la economía aún está por verse. Para mantener la confianza de inversionistas y garantizar el Estado de derecho, el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales será clave en las próximas discusiones legislativas y sociales.
Para entender mejor el contexto legal y sus implicaciones, puede consultarse el texto de la Ley de Instituciones de Crédito en el portal oficial del Gobierno de México y los principios constitucionales en Wikipedia. Asimismo, el análisis del impacto en la inversión extranjera puede encontrarse en informes de la OCDE.
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