UIF bloquea cuentas del exsecretario de Economía de Sinaloa y socios empresariales
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de Ricardo Velarde, exfuncionario de Sinaloa, y de empresarios vinculados a él.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, quien fue secretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. Además, la medida alcanzó a varias empresas y personas relacionadas con Velarde, entre ellas el empresario inmobiliario Jorge Armando Lizárraga Angulo, socio de Velarde en al menos ocho compañías en la entidad.
Conocido en el ámbito empresarial como “El Pity Velarde”, Ricardo Velarde ha desarrollado su carrera en los sectores restaurantero y turístico. Durante el mandato de Rocha Moya, fungió como subsecretario de Turismo y posteriormente, entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, encabezó la Secretaría de Economía estatal. Renunció a este último cargo tras la desaparición de un joven en un bar de Mazatlán del que es copropietario, hecho que generó controversia y cuestionamientos sobre su gestión.
El 25 de agosto, tanto Velarde como Lizárraga promovieron amparos para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas por la UIF. Sin embargo, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México declaró incompetencia para resolver el caso de Velarde y remitió la demanda a los juzgados federales de Sinaloa. Por su parte, la Jueza Tercera de Distrito ordenó a Lizárraga realizar aclaraciones antes de decidir si admitía a trámite su recurso.
Entre las empresas afectadas por el bloqueo se encuentran Grupo Priben y Operadora de Bares Veliz (OPV), esta última responsable del restaurante El Muchacho Alegre en Mazatlán. Este establecimiento fue blanco de un ataque con un artefacto incendiario en abril pasado, situación que ha incrementado la tensión en torno al caso. El juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión provisional al bloqueo de OPV, citando que la Ley de Amparo prevé restricciones cuando están en juego investigaciones sobre operaciones con recursos de posible procedencia ilícita que puedan dañar el sistema financiero.
Las acciones de la UIF se enmarcan en una estrategia nacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas que afectan la estabilidad económica. Este tipo de medidas busca fortalecer la transparencia y evitar que recursos ilícitos circulen en el sistema bancario, conforme a lo establecido por la Ley de Instituciones de Crédito.
El caso adquiere relevancia en un contexto donde Sinaloa, históricamente asociado con la presencia de organizaciones criminales, intenta consolidar un entorno más seguro y propicio para la inversión. La intervención de la UIF refleja la exigencia de controles más rigurosos sobre actores con vínculos tanto políticos como empresariales.
Antecedentes indican que la UIF ha intensificado sus esfuerzos para bloquear activos vinculados a redes señaladas de corrupción o ilícitos financieros, en línea con recomendaciones internacionales para el combate al lavado de dinero, como las impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La resolución final sobre los amparos presentados definirá el curso legal de esta investigación.
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