Maru Campos evita comparecer ante el Senado en medio de tensión política en Chihuahua
La gobernadora de Chihuahua optó por no acudir a un llamado del Senado marcado por la mayoría de Morena, en un contexto de investigaciones y disputas partidistas.
La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, dominada por Morena y sus aliados, convocó a la gobernadora Maru Campos para debatir la situación de seguridad en Chihuahua. Sin embargo, la mandataria estatal decidió no presentarse, amparándose en que el tema está bajo investigación y que no corresponde al Senado ejercer un juicio político en este caso. La ausencia ocurre en un clima de creciente tensión política entre Morena, el PAN y otros actores locales.
El llamado surgió en medio de cuestionamientos por el manejo de la seguridad estatal, especialmente tras la destrucción de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos y la muerte de cuatro personas, entre ellas dos agentes de la CIA, hechos que aún generan investigaciones y debates sobre la coordinación entre autoridades federales y estatales. Maru Campos y el fiscal estatal, César Jáuregui, fueron señalados como los principales responsables de la estrategia de seguridad, pero la mayoría senatorial buscaba usar el foro para interpelarlos.
El panorama político se complicó con la renuncia de Jáuregui al cargo de fiscal general, un movimiento interpretado como un acto de lealtad hacia la gobernadora y un reconocimiento implícito de las fallas en la operación contra el narcolaboratorio. Su salida también significó el fin de sus aspiraciones políticas dentro del PAN, donde pretendía competir por la presidencia municipal.
Desde el ámbito legislativo, figuras como el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, manifestaron que la competencia para llamar a cuentas a un gobernador es del Congreso local y no del Senado, lo que reforzó el argumento de Maru Campos para no asistir a la sesión. Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, intentó respaldar a la gobernadora, pero la decisión de ausentarse prevaleció.
Mientras tanto, en Ciudad Cuauhtémoc, el DIF estatal se apresta a inaugurar un Centro de Atención Neurobiológica para menores tutelados por el Estado. Esta obra busca atender la salud mental de niñas, niños y adolescentes que han enfrentado situaciones vulnerables, con capacidad para 72 personas y atención especializada. La iniciativa representa un esfuerzo pionero en la región para atender un problema largamente ignorado y subraya la importancia de invertir en la reparación social y el bienestar infantil.
En el ámbito de seguridad pública, autoridades locales reconocieron el trabajo de 59 policías municipales y 19 bomberos con estímulos económicos por su desempeño en situaciones de alto riesgo. Destacó el caso de Vanessa Torres, bombera con apenas ocho meses de servicio, quien actuó con valentía para evitar una tragedia en un incendio en la carretera a Juárez. El gobierno municipal enfatiza que, junto con el reconocimiento, se ha reforzado el equipamiento y las condiciones para que estos servidores públicos realicen su labor de manera segura.
Por otro lado, la comunidad del fraccionamiento Álamos II, en Aldama, mantiene su rechazo a la reapertura de una gasera cercana, acusándola de incumplir normativas de seguridad y monitoreo. Los vecinos temen un regreso de riesgos similares a los que derivaron en la quema de siete pipas. Señalan la falta de sistemas de rastreo satelital, bitácoras electrónicas, medidas de supresión de fugas y controles estrictos en la calidad y procedencia del gas LP, elementos contemplados en la normativa oficial NOM-EM-007-ASEA-2025. La incertidumbre y la falta de vigilancia en el sitio han alimentado la desconfianza y las protestas comunitarias.
En paralelo, familiares y víctimas de un caso judicial vinculado a Fernando “El Chino” Ramírez presentaron recursos legales para revertir la liberación del presunto agresor. Acudieron al amparo, queja y juicio político contra la magistrada Elizabeth Macías, quien anuló la prisión preventiva. Los afectados buscan que se sancione al responsable y cuestionan la actuación judicial que consideran injusta, además de solicitar una revisión del proceso desde el Congreso estatal y el Tribunal de Disciplina.
Estos episodios reflejan la compleja situación que atraviesa Chihuahua, donde la seguridad, la política y la justicia se entrelazan en un contexto marcado por investigaciones sensibles, acusaciones cruzadas y presiones electorales. La disputa entre Morena y el PAN, así como la intervención de otros actores, mantiene la atención nacional sobre la entidad.
El Senado de la República, con mayoría de Morena, ha intentado ejercer presión política sobre el gobierno estatal, aunque expertos señalan que la competencia para supervisar a gobernadores corresponde principalmente a los congresos locales, conforme a lo establecido en la Constitución y en prácticas legislativas nacionales (es.wikipedia.org). La salud mental infantil, por otro lado, gana relevancia en la agenda pública, en línea con recomendaciones de organismos internacionales como la UNICEF y la OMS sobre la importancia de la atención temprana y especializada para menores en situación vulnerable.
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