Gobierno federal se compromete a atender desplazamiento forzado en Chihuahua
La federación acordó actuar ante la crisis del desplazamiento forzado en Chihuahua tras diálogo con organizaciones civiles y organismos internacionales.
Ante la creciente crisis de desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara, autoridades federales se comprometieron a implementar acciones coordinadas para atender a las comunidades afectadas, luego de varias reuniones en Ciudad de México con representantes de organizaciones civiles y organismos internacionales. Estas instancias, agrupadas en la Misión Civil de Observación, llevaron al gobierno mexicano testimonios directos de personas desplazadas, quienes relataron la pérdida de sus hogares, medios de vida y, en muchos casos, de familiares debido a la violencia que azota la región.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que ya se inició una ruta de acción basada en el diagnóstico levantado durante una visita realizada el 8 y 9 de agosto a municipios afectados. En ese recorrido, se constató la magnitud del problema que ha obligado a cientos de familias a abandonar sus territorios por inseguridad y amenazas constantes. El compromiso incluye una próxima visita oficial para atender de manera inmediata las necesidades y reparar los daños causados.
Las organizaciones que integran la Misión Civil de Observación —entre ellas la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), y Brigadas Internacionales de Paz México (PBI México)— colaboran estrechamente con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Su labor ha sido clave para visibilizar las condiciones en las que viven quienes han sufrido desplazamiento forzado interno y para exigir una respuesta integral y coordinada entre los tres niveles de gobierno.
El informe “Desplazamiento forzado interno en Chihuahua. Resultados de la Misión Civil de Observación. Mayo 2026” detalla la violencia generalizada que afecta a la Sierra Tarahumara, y alerta sobre el riesgo inminente de que otras comunidades también sean expulsadas de sus territorios. En este documento se plantean recomendaciones para una intervención interinstitucional que garantice la protección de los derechos humanos y comunitarios, y se pide un plan especial que incluya a municipios, gobierno estatal y federal.
A pesar de que la Comisión del Gobierno del Estado de Chihuahua para la atención al desplazamiento forzado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado mostraron disposición para coordinarse con la federación, no se registraron compromisos concretos durante las reuniones realizadas en mayo.
La Misión Civil valoró positivamente la apertura y disposición demostrada por funcionarios de los tres niveles y poderes del Estado mexicano, así como por organismos internacionales, para escuchar las demandas de las víctimas y avanzar en soluciones que permitan a las personas desplazadas reconstruir sus vidas con justicia y dignidad. Asimismo, agradeció el respaldo de organizaciones civiles locales y nacionales que han acompañado y dado voz a las familias afectadas.
El desplazamiento forzado interno representa una de las problemáticas más urgentes en materia de derechos humanos en México. Según datos de la ONU y ACNUR, este fenómeno ha crecido en diversas regiones del país debido a la violencia, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, obligando a miles de personas a buscar refugio dentro de sus propios estados o en otras entidades. La intervención coordinada entre gobiernos y sociedad civil, basada en diagnósticos precisos y el respeto a los derechos humanos, es fundamental para atender esta crisis en Chihuahua y otras zonas vulnerables, conforme a estándares internacionales establecidos por organismos como ONU y UNHCR.
El seguimiento de estas acciones será clave para evaluar el impacto real de las políticas públicas en la protección de las comunidades afectadas y para evitar que la violencia siga desarraigando a poblaciones enteras en México.
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