Identifican en el Edomex a diez grupos dedicados al despojo de inmuebles
La Fiscalía del Estado de México ha detenido a casi 500 personas vinculadas a organizaciones que se apropian ilegalmente de viviendas y comercios.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene abiertas investigaciones contra al menos diez grupos organizados que operan como sindicatos para despojar de manera violenta y fraudulenta inmuebles en la entidad. A pesar de los avances en la detención de varios integrantes, estas redes continúan activas, apoyadas por una red de complicidades que incluye a funcionarios públicos y notarios.
En 2025, la FGJEM abrió cinco mil 594 expedientes relacionados con despojo de inmuebles, un delito que ha crecido de forma sostenida en la última década. Mientras en 2017 se registraban poco más de tres mil 600 casos, para el año pasado esa cifra aumentó a casi cinco mil 600, lo que equivale a más de 15 denuncias diarias. Esta tendencia se mantiene al alza en 2026, según la fiscalía, que atribuye parte del incremento a la mayor confianza ciudadana tras la creación de una unidad especializada en este tipo de delitos.
Estas organizaciones recurren a la intimidación, amenazas y uso de armas para expulsar a propietarios, especialmente en casos donde las víctimas son madres solteras o adultos mayores. También ocupan inmuebles abandonados mediante documentos falsificados. Entre los grupos detectados están la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (Gopez), Sindicato 300 o Unión 300, y Sindicato 22 de Octubre, todos con presencia en municipios como Ecatepec, Chalco, Coacalco, y Atizapán de Zaragoza.
Las investigaciones revelan que algunos de estos grupos cuentan con protección política y apoyo de policías municipales. Por ejemplo, Gopez operó con la complicidad de autoridades durante la administración de Ecatepec encabezada por Fernando Vilchis, hoy diputado federal. En mayo de 2025, su líder fue detenido tras ordenar detenciones ilegales para apoderarse de propiedades.
De abril de 2025 a la fecha, la fiscalía ha arrestado a 478 personas, entre ellas 53 líderes prioritarios de estas organizaciones. También ha iniciado procesos penales contra servidores públicos, incluyendo cinco funcionarios del Instituto Registral, acusados de expedir documentos falsos para facilitar despojos. Solo uno permanece en prisión, mientras los demás enfrentan el proceso en libertad.
Además, dos directores de Desarrollo Urbano, un exdirector de Catastro y una exjefa de Mercados están bajo investigación por actos irregulares relacionados con la entrega de permisos y documentación que favorecen usurpaciones. La FGJEM destaca que en más de la mitad de los casos se logra el aseguramiento de inmuebles, y a la fecha ha recuperado dos mil 307 propiedades, restituyendo mil 452 a sus legítimos dueños.
Este fenómeno afecta no solo a particulares, sino también a empresas y locales comerciales, generando un impacto económico y social en una región donde la inseguridad inmobiliaria limita el desarrollo y la inversión. La estrategia de la fiscalía, bautizada como “Restitución”, intenta revertir esta situación mediante la coordinación entre distintas áreas del gobierno y la denuncia ciudadana.
El caso que detonó esta iniciativa fue el de Carlota, una mujer de 80 años que en 2025 disparó para defender su casa en Chalco de un grupo de invasores. Este episodio evidenció la gravedad y la violencia que envuelve los conflictos por la propiedad en la entidad.
El despojo de inmuebles es un delito que refleja la fragilidad del sistema de protección de la propiedad privada en el Estado de México, donde la corrupción y la impunidad facilitan la operación de estos grupos. La recuperación de propiedades y la sanción a servidores públicos corruptos son pasos cruciales para restablecer la confianza en las instituciones y garantizar el derecho a la vivienda.
Para profundizar en la problemática del despojo y la seguridad en la propiedad, es recomendable consultar fuentes oficiales como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como estudios sobre gobernanza y justicia inmobiliaria disponibles en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El Estado de México, la entidad más poblada del país, enfrenta retos significativos en materia de seguridad y justicia que impactan directamente en la calidad de vida de millones de habitantes, haciendo urgente la atención a delitos como el despojo para proteger derechos básicos y fortalecer el estado de derecho.
Image Source: https://www.jornada.com.mx/2026/08/12/estados/024n1est?partner=rss