Diputados aprueban el “Plan B” de la reforma electoral y consolidan alianza de Morena, PT y PVEM
El Congreso avaló una nueva versión de la reforma electoral que busca recortar gastos y limitar privilegios en órganos electorales, en medio de críticas de la oposición y tensiones políticas.
Con 377 votos a favor y 102 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el denominado “Plan B” de la reforma electoral, una iniciativa impulsada por Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Esta reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, y responde a un acuerdo político tras las diferencias internas sobre la revocación de mandato y la sincronización con las elecciones federales de 2027.
El diputado morenista Víctor Hugo Lobo defendió el dictamen como una medida para racionalizar el gasto público, eliminar privilegios y fortalecer la democracia, asegurando que no afecta la autonomía ni las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) ni de los órganos públicos locales electorales (OPLE). Sin embargo, reconoció que se perdió la oportunidad de una transformación más profunda que habría renovado no sólo el sistema electoral, sino también el Estado mexicano.
Desde la bancada opositora, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Cristina Márquez Alcalá, calificó la reforma como un “panfleto propagandístico” y criticó la alianza oficialista por mantener un “narco silencio” ante problemas graves. Cuestionó el supuesto ahorro, señalando que la reducción afectaría apenas a 380 cargos de alrededor de 18 mil 600 en municipios, lo que consideró insuficiente para justificar el cambio.
Morena respondió con dureza. Leonel Godoy, diputado del partido oficialista, advirtió que la oposición pagará su falta de disposición en las elecciones de 2027, señalando que ningún plan les parecerá adecuado y recordando los bajos resultados electorales recientes del PRI, un actor tradicionalmente relevante en el sistema político.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también se manifestó crítico. Abigail Arredondo Ramos señaló que el “Plan B” carece de certeza para generar ahorros reales y advirtió que la reforma no aborda problemas estructurales como la sobrerrepresentación, el “chapulineo” o la infiltración del crimen organizado en comicios. Para ella, esta reforma debilita los contrapesos democráticos y abre la puerta a una deriva autoritaria.
En contraste, el PT respaldó la reforma. El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos afirmó que el dictamen refleja la visión de la llamada Cuarta Transformación, orientada hacia la austeridad republicana, la eficiencia del gasto público y una representación democrática genuina en los municipios.
Entre las modificaciones que plantea la reforma destacan el límite de 15 regidurías en los ayuntamientos, restricciones al presupuesto de las legislaturas locales para que no excedan el 0.70% del presupuesto estatal, y la prohibición de la reelección inmediata para diputados locales. Además, se establece que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales no podrán superar el salario del presidente de la República, y se prohíbe la contratación de seguros y prestaciones especiales con recursos públicos.
También se prevé una reducción progresiva del presupuesto del Senado en un plazo de cuatro años, sin afectar derechos laborales de su personal.
Esta reforma se inscribe en un contexto político tenso, en el que Morena y sus aliados buscan consolidar su control sobre las instituciones electorales y atender críticas sobre el gasto público en el sistema político mexicano. La discusión sobre la reforma electoral ha estado marcada por acusaciones cruzadas y un choque de visiones sobre la dirección del país en materia democrática y administrativa.
La aprobación del “Plan B” representa un paso más en el diseño de un sistema electoral con menores costos operativos, aunque los críticos advierten que podría debilitar la pluralidad y los mecanismos de control ciudadano. Para entender mejor el alcance y las implicaciones de esta reforma, es importante considerar el papel del INE y los OPLE, organismos que han sido fundamentales en la organización de procesos electorales en México y que están regulados por la Constitución. Más información sobre el sistema electoral mexicano y sus reformas puede consultarse en fuentes oficiales como el Gobierno de México y la Organización de Estados Americanos.