Desmantelar salas judiciales en Parral afecta derechos y seguridad, alertan abogados
Especialistas advierten que el cierre de tribunales en la región sur de Chihuahua profundiza la desigualdad y debilita la justicia
El proyecto para desmantelar las salas de segunda instancia en el Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral, ha provocado una fuerte reacción entre juristas y abogados del estado de Chihuahua. Para Ernesto Avilés Mercado, presidente del Colegio de Juristas, esta medida representa un retroceso institucional que vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución mexicana, como el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial.
Durante una asamblea estatal convocada por la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados (FECHCA), Avilés Mercado advirtió que, aunque las autoridades justifican el cierre con argumentos técnicos o presupuestales, el verdadero problema radica en el impacto de la violencia y la inseguridad en la región, así como en la pérdida económica que genera la ausencia del Tribunal Superior de Justicia en Parral. Según el jurista, mantener estas magistraturas en la ciudad fortalece el tejido institucional frente a la delincuencia y dinamiza la economía local vinculada a servicios jurídicos y comercio.
La preocupación por la accesibilidad y la operatividad del sistema judicial fue respaldada por distintas voces del gremio. Patricia Domínguez, presidenta del Colegio de Abogados de Parral, señaló que el traslado de las salas implicaría costos superiores a medio millón de pesos y afectaría gravemente el acceso a la justicia de las familias y litigantes del sur del estado. Desde Ciudad Juárez, Nahum Nájera Castro, primer presidente de la FECHCA, recordó la histórica lucha por la descentralización de tribunales en la frontera y urgió también la creación de una sala adicional especializada en materia familiar.
Los representantes de otras regiones expresaron sus propias inquietudes. Luis Raúl Hinojos, de Nuevo Casas Grandes, denunció el colapso del juzgado familiar local y criticó el incremento burocrático sin el correspondiente aumento del personal jurisdiccional. Asimismo, liderazgos de Camargo y Jiménez propusieron la instalación de Oficialías de Partes de segunda instancia para evitar traslados innecesarios de los usuarios del sistema judicial. En este sentido, Georgina Carrazco Gamboa, del Colegio de Ojinaga, pidió que cualquier decisión se base en estudios técnicos transparentes que reflejen la carga de trabajo real en cada distrito.
En respuesta a estas preocupaciones, la FECHCA acordó convocar en un plazo máximo de 15 días a una mesa de trabajo con la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el Pleno de Magistrados y coordinadores de jueces. El objetivo es exigir un informe técnico detallado que justifique el movimiento de las salas y asegurar la transparencia en la toma de decisiones. Además, se impulsará formalmente la creación de una sala familiar adicional en Ciudad Juárez y la instalación de Oficialías de Partes en Camargo y Nuevo Casas Grandes, así como la atención prioritaria al colapso operativo en juzgados civiles y familiares en todo el estado.
Este debate ocurre en un contexto de creciente demanda por servicios judiciales accesibles y eficientes, especialmente en regiones alejadas de las capitales estatales. La descentralización y fortalecimiento de órganos judiciales regionales es una estrategia que busca garantizar el derecho humano a la justicia, reconocido en tratados internacionales y en la propia Constitución mexicana, como se establece en el Artículo 1° y el Artículo 17 de la Carta Magna.
El traslado o cierre de tribunales en zonas vulnerables puede agravar la inseguridad y dificultar el acceso a la justicia, especialmente para comunidades con limitaciones económicas o geográficas. Este escenario también tiene repercusiones económicas locales, ya que la presencia de instituciones judiciales impulsa la actividad de profesionales, servicios y comercios relacionados. La discusión en Chihuahua refleja un problema común en muchos estados, donde la centralización de servicios públicos choca con la necesidad de acercar la justicia a la población, un principio reconocido por organismos como la UNESCO y la ONU.