Sheinbaum propone reforma para evaluar impacto ambiental integral de megaproyectos
El gobierno federal enviará al Congreso una iniciativa para exigir estudios ambientales completos antes del inicio de grandes proyectos.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una reforma para que los megaproyectos sean sometidos a una evaluación ambiental integral que considere su impacto en toda la región donde se desarrollen, y no solo de manera fragmentada por predios o obras aisladas. La Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó que esta medida busca evitar daños ambientales al analizar los efectos acumulados de desarrollos inmobiliarios, obras de infraestructura y otras inversiones de gran escala.
La iniciativa pretende actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente desde 1988, incorporando una revisión estratégica ambiental previa a la ejecución de proyectos. Aunque la legislación actual contempla evaluaciones de impacto ambiental, Bárcena subrayó que la reforma promoverá un análisis más amplio para comprender las consecuencias ambientales en conjunto y no de forma aislada.
En su exposición durante la conferencia matutina, la funcionaria destacó que la propuesta incluye nuevas herramientas para responder a los retos ambientales contemporáneos, como programas de restauración ecológica y medidas para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas. Además, la reforma busca otorgar certeza a comunidades y empresas que operen en zonas con conflictos ambientales, garantizando la transparencia y la participación ciudadana en las decisiones.
Entre los principios rectores de la reforma figuran la prevención antes que la reparación, la conservación y restauración de ecosistemas, así como la toma de decisiones basadas en la ciencia. La iniciativa también contempla incorporar los conocimientos de pueblos indígenas y comunidades locales para fortalecer la gestión ambiental.
El proyecto contempla ordenar el territorio frente a desarrollos inmobiliarios, sanear cuerpos de agua y costas, y avanzar hacia una economía circular que reduzca residuos y fomente el reciclaje. Asimismo, incluye medidas para proteger a defensores ambientales y preservar el patrimonio biocultural.
Alicia Bárcena enfatizó que, a diferencia de enfoques anteriores que aislaban la conservación de la participación social, esta ley busca involucrar a la población en la protección ambiental. También adelantó que la Secretaría de Medio Ambiente prepara una Ley de Bienestar Animal que complementará estas acciones.
La propuesta se enmarca en un contexto global donde organismos como la UNESCO y la ONU han destacado la urgencia de enfrentar los retos ambientales mediante políticas integrales y participativas. En México, la actualización de la ley ambiental es vista como un paso necesario para equilibrar el desarrollo económico con la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades afectadas.
Este esfuerzo legal se espera que fortalezca la gestión ambiental en proyectos de gran escala, contribuyendo a mitigar impactos negativos y a promover un desarrollo sostenible en concordancia con los compromisos internacionales del país, como los establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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