Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que presentará una iniciativa para endurecer la legislación contra el robo y contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal. La propuesta busca fortalecer las herramientas del Estado para prevenir, investigar y sancionar estas prácticas que afectan la recaudación tributaria y distorsionan la competencia económica.
Ramírez Cuéllar advirtió que el combate contra el huachicol fiscal requiere una estrategia integral que abarque toda la cadena de suministro, desde quienes introducen ilegalmente el combustible hasta quienes lo compran y distribuyen. Entre los principales compradores mencionó a gasolineras, empresas mineras, contratistas de obra pública y grandes líneas de transporte, sectores que utilizan volúmenes significativos de combustible.
Para enfrentar este fenómeno, planteó reforzar los mecanismos de supervisión, trazabilidad y comprobación del origen legal del combustible, así como modernizar las aduanas con tecnologías avanzadas, sistemas de marcaje químico y herramientas que permitan identificar la composición y recorrido comercial de los hidrocarburos. Asimismo, destacó la importancia de implementar una estrategia anticorrupción que permita detectar y desarticular redes de complicidad entre funcionarios y delincuentes.
El diputado también propuso revisar el marco jurídico en materia de extinción de dominio para ampliar las facultades del Estado sobre bienes vinculados a actividades ilícitas, especialmente cuando exista evidencia de su relación con estas redes criminales. “No basta con detener a quien introduce ilegalmente el combustible; debemos actuar contra quienes lo financian, comercializan y adquieren con conocimiento de su origen ilícito”, subrayó.
Ramírez Cuéllar enfatizó que fortalecer las aduanas no es únicamente una cuestión de recaudación fiscal, sino una política de justicia económica que protege a las empresas que cumplen con la ley y asegura que los recursos públicos se destinen a prioridades nacionales.
La iniciativa, que se espera presentar en las próximas semanas, incluirá la modernización aduanera, fiscalización, trazabilidad, marcaje de combustibles, una estrategia anticorrupción sólida y un marco jurídico robusto para cerrar los espacios al huachicol fiscal y fortalecer la Hacienda pública.
El robo y contrabando de combustibles representan un desafío recurrente para México, que afecta no solo la recaudación sino también la seguridad y la competitividad del país. En los últimos años, diferentes gobiernos han impulsado medidas para combatir este problema, pero la persistencia de redes criminales y la corrupción en instituciones han limitado los avances. Esta nueva propuesta legislativa busca dar un impulso decidido en un contexto donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado la necesidad de reforzar controles aduaneros y mejorar la gobernanza para combatir prácticas ilícitas en el sector energético.
El combate al huachicol fiscal es clave para garantizar la estabilidad financiera del Estado y apoyar un mercado energético más transparente y competitivo. La coordinación entre autoridades hacendarias, aduaneras, fiscales y de seguridad será fundamental para cerrar las brechas que permiten la operación de estas redes ilegales. Para más información sobre políticas públicas y seguridad aduanera, se puede consultar la página oficial del Gobierno de México y los informes de la OCDE.