Alcaldes del PAN presentan iniciativa para eliminar “La Escuela es Nuestra” y crear fondo educativo
Proponen que los municipios asuman el mantenimiento escolar con recursos garantizados y transparentes.
El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, entregó en la Cámara de Diputados una iniciativa para desaparecer el programa federal “La Escuela es Nuestra” y establecer el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa (FAIE). La propuesta busca transferir a los gobiernos municipales la responsabilidad del mantenimiento de las escuelas públicas, con recursos específicos y auditables para atender las necesidades de infraestructura.
Durante una conferencia de prensa, acompañado por la diputada federal Margarita Zavala, Tabe explicó que actualmente la Secretaría de Educación Pública (SEP) entrega directamente apoyos económicos a madres, padres y tutores para las escuelas, pero esos recursos carecen de mecanismos claros de fiscalización. Por ello, planteó reformas a la Constitución en sus artículos 3, 73, 115 y 122, así como ajustes a la Ley de Coordinación Fiscal, para garantizar que al menos un millón 500 mil pesos anuales por escuela se canalicen directamente a los municipios.
El planteamiento se justifica en el deterioro que diversas escuelas enfrentan en todo el país, con problemas que van desde baños en mal estado hasta deficiencias en pintura, instalaciones eléctricas y seguridad. “Nosotros como alcaldes no tenemos recursos para responder a toda esta necesidad, pero sí recibimos constantes quejas de vecinos, padres y comunidades escolares”, señaló Tabe. Subrayó que aunque los municipios no tienen una responsabilidad legal directa en el mantenimiento escolar, sí existe un compromiso social para atender estas demandas.
Para financiar el FAIE, la iniciativa sugiere destinar el 6% de la Recaudación Federal Participable, lo que equivaldría a unos 320 mil millones de pesos anuales, recursos que permitirían dar prioridad permanente al mantenimiento de las escuelas sin depender de decisiones discrecionales de los gobiernos en turno.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, insistió en que las decisiones sobre las necesidades de cada plantel deben tomarse en conjunto con maestros, padres y consejos escolares, para evitar que la burocracia retrase la atención a problemas que pueden poner en riesgo a estudiantes y personal. Asimismo, aclaró que la propuesta no busca eliminar responsabilidades del gobierno federal ni estatal, sino compartirlas con las autoridades locales, consideradas más cercanas a la ciudadanía.
La iniciativa fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien informó que será analizada por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda. Además de Tabe y Zavala, participaron en la entrega varios presidentes municipales del PAN, como Carlos Soto, de Zamora, Michoacán; José Luis Oliveros, de Apaseo el Grande, Guanajuato; Samantha Smith, de Guanajuato capital; Eder Rodríguez, de Jiutepec, Morelos; y Carlos Orvañanos, de Cuajimalpa.
El debate sobre el mantenimiento y la mejora de la infraestructura educativa es clave en México, donde más del 30% de las escuelas públicas presentan condiciones deficientes que afectan la calidad educativa y la seguridad de la comunidad escolar, según datos de la SEP y la UNESCO. La propuesta del PAN plantea un cambio estructural que podría redefinir la articulación del gasto público en educación, acercando recursos y decisiones a los gobiernos locales. Sin embargo, también enfrenta cuestionamientos sobre la capacidad administrativa de los municipios y el rol del Estado federal en garantizar el derecho a la educación.
El mantenimiento adecuado de las escuelas es un reto común en muchos países, reconocido por organismos como el Banco Mundial, que destaca la importancia de invertir en infraestructura para mejorar los resultados educativos y la equidad. En México, la discusión política sobre el programa “La Escuela es Nuestra”, vigente desde 2019, refleja tensiones sobre el control y la transparencia en el manejo de recursos para la educación pública.