César Jáuregui plantea revisar la edad penal para menores en delitos graves
El fiscal general de Chihuahua consideró necesario debatir cambios en la legislación vigente para sancionar a menores implicados en crímenes de alto impacto.
El fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui, abrió la puerta a la discusión sobre la edad penal de los menores que cometen delitos graves. En entrevista, señaló que la legislación mexicana actual es proteccionista con los menores, incluso cuando están involucrados en hechos delictivos de alta gravedad, lo que dificulta la impartición efectiva de justicia.
Como ejemplo, mencionó reformas aplicadas en países como Argentina, donde se ha establecido la posibilidad de sancionar penalmente a menores desde los 16 años en casos de delitos de alto impacto. Esta medida busca acortar tiempos y facilitar la responsabilidad legal de quienes cometen crímenes violentos, sin dejar de lado la protección de los derechos de la infancia, pero adaptando el sistema a la realidad delictiva.
El caso de Mya, una menor víctima de un ataque con arma blanca por parte de otro menor, fue citado por Jáuregui para ilustrar los retos actuales. El proceso para lograr la detención y reclusión del agresor se prolongó más de dos años, evidenciando las lagunas en la legislación vigente que complican la impartición de justicia oportuna.
El debate sobre la edad penal se enmarca en un contexto nacional donde la violencia juvenil y la participación de menores en actos criminales han generado preocupación en autoridades y sociedad. La revisión de estas normas podría alinearse con recomendaciones internacionales sobre justicia juvenil, siempre respetando los tratados de derechos humanos suscritos por México, como los promovidos por la ONU y la UNESCO.
La propuesta de Jáuregui llega en un momento en que diversos estados analizan la necesidad de actualizar sus códigos penales para enfrentar eficazmente la delincuencia juvenil, sin perder de vista la reinserción social y el respeto a los derechos fundamentales. En Chihuahua, esta discusión podría abrirse próximamente en el Congreso local, con miras a fortalecer el sistema penal y brindar mayor certeza a las víctimas.
Este tema es especialmente relevante dado que la actual legislación en México establece que la responsabilidad penal para menores inicia a los 18 años, aunque existe la figura de responsabilidad penal para adolescentes entre 12 y 17 años, que enfrenta limitaciones para casos graves. La experiencia internacional y los ejemplos regionales muestran que un ajuste en la edad puede ser parte de un enfoque integral para mejorar la seguridad y justicia.
Los retos para la justicia juvenil incluyen equilibrar la protección de los derechos de los menores con la necesidad de sancionar conductas que afectan gravemente a la sociedad. La revisión de la edad penal abre un debate que involucra aspectos legales, sociales y de derechos humanos, y que requiere un análisis profundo y multidisciplinario.
La experiencia de Chihuahua, y en particular casos como el de Mya, evidencian la urgencia de contar con un sistema penal que responda con mayor eficacia a los delitos cometidos por menores, sin vulnerar los principios de protección y desarrollo infantil reconocidos en la legislación nacional y en tratados internacionales.
Para conocer más sobre la legislación juvenil en México y compararla con otras jurisdicciones, puede consultarse información oficial en el Gobierno de México y organismos internacionales que promueven los derechos de la infancia.