SAT notificará en enero a Grupo Salinas por adeudos fiscales de 51 mil millones de pesos
La Secretaría de Hacienda confirmó que se trata de un proceso legal con opción a descuentos, no de un asunto político.
En enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificará formalmente a Grupo Salinas sobre el adeudo fiscal que asciende a 51 mil millones de pesos, según informaron autoridades oficiales. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que este procedimiento responde a cuestiones jurídicas y administrativas, y no a motivaciones políticas.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó que el proceso está respaldado por resoluciones legales y que el SAT ofrecerá la posibilidad de aplicar descuentos conforme al Código Fiscal de la Federación. “Esperamos que se cumpla con el pago; de lo contrario, se iniciarán nuevas etapas administrativas”, dijo la mandataria. También pidió a Hacienda y al SAT mantener informada a la ciudadanía sobre el desarrollo del caso.
El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, describió la trayectoria del caso que data de más de una década. Entre 2013 y 2018, la autoridad fiscal emitió resoluciones administrativas que determinaron adeudos por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. Posteriormente, entre 2019 y 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó dichas resoluciones, mientras que los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación confirmaron esas sentencias hasta el año en curso.
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó los últimos recursos legales presentados por Grupo Salinas en 2025, lo que permite al SAT proceder con la notificación y la posible exigencia del pago. Martínez Dagnino añadió que el monto podría reducirse hasta en un 39% si se aplican los descuentos previstos por la legislación vigente.
Este caso ha generado un debate sobre la relación entre el Estado y grandes conglomerados empresariales, así como sobre la aplicación de la ley en materia fiscal. En ese sentido, las autoridades han insistido en que la actuación de la Fiscalía y del SAT se basa en criterios estrictamente legales, en línea con el marco normativo mexicano.
El seguimiento a este proceso es relevante para el sector empresarial y para la percepción pública sobre la transparencia y la justicia fiscal en México. El SAT ha reiterado que continuará informando oportunamente, mientras que el caso servirá como referencia sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir sus obligaciones tributarias.
El contexto de esta notificación se enmarca en un esfuerzo más amplio por parte del gobierno federal para fortalecer la recaudación fiscal y combatir la evasión, en línea con recomendaciones internacionales como las impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) [https://www.oecd.org]. Asimismo, la resolución judicial refleja el funcionamiento de los mecanismos legales establecidos en el país para dirimir conflictos fiscales conforme a la legislación mexicana [https://www.gob.mx].
Este proceso se da en un momento crítico donde la estabilidad financiera del Estado depende en buena medida de la capacidad de cobrar impuestos a grandes contribuyentes, un tema que ha sido objeto de análisis y debate en foros nacionales e internacionales.
