FGR niega sesgo en caso contra María Amparo Casar por pensión de Pemex
La Fiscalía General de la República aseguró que la investigación contra la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se ha desarrollado conforme a derecho.
La Fiscalía General de la República (FGR) descartó cualquier sesgo en la judicialización de la carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La indagatoria, que se abrió en septiembre pasado, se relaciona con la presunta obtención ilegal de una pensión vitalicia de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la Fiscalía, bajo la dirección de Ernestina Godoy, aclaró que el proceso se inició durante la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero y que se revisa minuciosamente para garantizar que se haya integrado conforme a los procedimientos legales. La FGR enfatizó que trabaja “sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico” y negó rotundamente que la investigación responda a consignas políticas o presiones externas.
El caso ha generado controversia desde mayo de 2024, cuando en una conferencia mañanera se mencionó el fallecimiento de Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de Casar. El director de Pemex, Octavio Ramírez, explicó que hubo una solicitud para modificar el dictamen oficial de muerte, de “suicidio” a “accidente”, con el fin de que se activaran los pagos del seguro y la jubilación correspondientes. Aunque finalmente se confirmó el suicidio, funcionarios de Pemex asumieron la versión de accidente y procedieron con la pensión, lo que ahora está siendo investigado por la Fiscalía.
Este expediente se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre los beneficios otorgados por Pemex y la transparencia en su manejo, un tema que ha sido objeto de debate público y de análisis en instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La FGR subrayó la importancia de respetar los derechos de todas las personas involucradas, en línea con los estándares internacionales en materia de justicia y derechos humanos, promovidos por organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La judicialización de casos relacionados con asociaciones civiles y funcionarios públicos ha puesto a prueba la confianza en las instituciones mexicanas y la percepción sobre la independencia de la Fiscalía, particularmente en temas sensibles como la corrupción y el uso indebido de recursos públicos.
El seguimiento y resolución de esta investigación serán clave para determinar la legalidad de los pagos realizados y para fortalecer los mecanismos de control en Pemex, empresa emblemática en el sector energético nacional y objeto de múltiples reformas y auditorías en los últimos años.
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