Diputados aprueban nueva Ley General de Aguas pese a protestas campesinas
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas con 328 votos a favor, en medio de protestas de productores agrícolas que exigían mayor diálogo y garantías para el campo.
La discusión del dictamen se aceleró este martes en San Lázaro, donde campesinos bloquearon los accesos al recinto legislativo durante horas, en un intento por frenar la aprobación que consideraban apresurada y poco consultada. Sin embargo, la sesión avanzó con rapidez luego de que las comisiones legislativas dieran luz verde al texto, lo que obligó a los manifestantes a levantar su bloqueo y retirarse con sus tractores.
La nueva ley busca regular el sistema de concesiones de agua, combatir la corrupción en el manejo del recurso, reconocer a los sistemas comunitarios y garantizar el derecho humano al agua, según expuso la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Elizabeth Cervantes. “Hoy México hace justicia, defiende su agua y avanza hacia un país más justo y digno”, afirmó desde la tribuna.
La aprobación generó un intenso debate entre los grupos parlamentarios. Los diputados de oposición, principalmente del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, denunciaron que el proceso fue una imposición sin un análisis profundo ni consulta previa a las comunidades. En pancartas y discursos, acusaron al partido oficialista Morena de traicionar a los campesinos y criminalizar a los trabajadores del campo.
Rubén Moreira, del PRI, advirtió sobre los riesgos que representa la ley para los pueblos originarios y sostuvo que el proyecto restringe la transmisión de concesiones, al impedir su venta o herencia. “No hay consulta, esa es la cuestión; esta ley es inconstitucional”, sostuvo, calificando la jornada como “un día muy triste para el campo mexicano”.
En respuesta, legisladores de Morena defendieron que el agua no debe ser mercantilizada y que la reforma busca erradicar prácticas corruptas que han perjudicado el acceso al vital recurso. Ricardo Monreal, uno de los impulsores de la ley, pidió continuar el debate artículo por artículo, aunque reconoció la complejidad de la sesión, que se prolongó por casi 12 horas y dejó pendientes 529 artículos para discusión en lo particular.
Al cierre de la sesión, la Cámara admitió 18 reservas y más de 50 modificaciones al dictamen, con la expectativa de que el proceso continúe en los próximos días para afinar el contenido de la legislación. Mientras tanto, el rechazo de diversos sectores sociales y políticos anticipa un debate intenso sobre el futuro manejo del agua en México.
La aprobación de esta ley se da en un contexto de creciente preocupación mundial por la gestión sostenible del agua, reconocido como un derecho humano por la ONU. México enfrenta desafíos significativos en la distribución y conservación de este recurso, especialmente para las comunidades rurales y campesinas. La reforma busca alinear el marco legal nacional con estándares internacionales, aunque su implementación y alcance siguen siendo objeto de controversia y disputa política.
La nueva Ley General de Aguas sustituye a la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992, y pretende actualizar las reglas en un escenario de cambio climático y presión creciente sobre los recursos hídricos. Según datos del Banco Mundial, la mala gestión y la contaminación afectan la disponibilidad de agua potable en varias regiones del país, situación que esta legislación intenta corregir.
El debate legislativo y social en torno a esta ley pone en evidencia la complejidad de garantizar el acceso equitativo al agua en un país con profundas desigualdades territoriales y económicas, donde el agua es a la vez un recurso vital, un bien común y un factor clave para la sostenibilidad ambiental y el desarrollo rural.
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