Transportistas denuncian red de extorsión en Nuevo León que involucra a agentes de tránsito y grúas
Transportistas de Tamaulipas alertan sobre una presunta red de corrupción en municipios clave de Nuevo León que afecta la circulación y operación del autotransporte de carga.
Transportistas que recorren la ruta hacia y desde Nuevo León han denunciado la existencia de un entramado de extorsión que involucra a agentes de tránsito y prestadoras de servicios de grúas en municipios como San Pedro Garza García, Ciénega de Flores y García. Según Armando Yussef Martínez, delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en el sur de Tamaulipas, los conductores se enfrentan a cobros ilegales bajo la amenaza de que sus unidades sean remitidas a corralones si no realizan los pagos exigidos.
En una reunión reciente en Monterrey, transportistas documentaron varios casos en los que agentes viales habrían solicitado sumas de hasta 20 mil pesos para evitar que una grúa se llevara una unidad. Las tarifas de arrastre y estancia en corralones, que pueden alcanzar hasta 270 mil pesos por pocos días, agravan la situación para los operadores, quienes en ocasiones deben desembolsar montos cercanos al medio millón de pesos para liberar sus vehículos.
Esta problemática trasciende las fronteras de Nuevo León, afectando a empresas de transporte de diversos estados como Jalisco, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas, que dependen de las rutas por esta entidad para la distribución de mercancías. La importancia estratégica de Nuevo León en la logística nacional, como punto de tránsito para carga que llega o sale por puertos y fronteras, convierte estas prácticas en un obstáculo para el libre tránsito y un factor que puede encarecer la cadena de suministros.
El impacto económico repercute no solo en los transportistas, sino en los consumidores finales, al elevar los costos de productos y materias primas. La denuncia de Canacar evidencia la necesidad de una supervisión más estricta y mecanismos transparentes para evitar que la corrupción y la extorsión se arraiguen en un sector vital para la economía mexicana.
La problemática pone en relieve los desafíos que enfrenta el autotransporte de carga en México, donde la inseguridad y la corrupción pueden afectar la movilidad y competitividad del sector. Instituciones como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tienen un papel clave para garantizar condiciones legales y seguras para el transporte, en línea con las recomendaciones internacionales de organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El transporte de carga es un componente esencial para el desarrollo económico, y su eficiente operación contribuye al cumplimiento de objetivos nacionales e internacionales en materia de comercio y movilidad, vinculados además a compromisos establecidos por la ONU y la UNESCO.
Los casos denunciados en Nuevo León reflejan una problemática que requiere atención urgente para proteger a los operadores y fortalecer la cadena logística en el país.
