La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta cuestionamientos tras la compra de nueve camionetas blindadas, cuyo costo aproximado fue de 2.4 millones de pesos por unidad. Sin embargo, el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, aseguró que la adquisición responde a necesidades de seguridad y no a privilegios personales, y confirmó que estos vehículos no serán usados por los ministros, sino que serán puestos a la venta o asignados a jueces federales en situaciones de riesgo.
Aguilar explicó que la decisión se tomó tras identificar problemas durante los traslados que realizan los integrantes de la Corte en el interior del país, donde han ocurrido incidentes con vehículos anteriores. En uno de esos viajes, detalló, una camioneta presentó fallas mecánicas graves que comprometieron la seguridad en carretera. El presidente subrayó que él mismo se traslada como un ciudadano común, utilizando transporte público o vehículos particulares, y que la compra está plenamente justificada.
El debate sobre la adquisición de vehículos blindados se intensificó después de que el ministro Arístides Guerrero acusara a exintegrantes del pleno de haber retirado camionetas bajo condiciones cuestionables. Guerrero denunció además que se investiga un acuerdo de compra emitido durante la presidencia de Norma Piña, y cuestionó los precios pagados, señalando que fueron significativamente menores a los del mercado.
En respuesta, Aguilar aclaró que no hubo robo alguno, sino que la entrega y renovación de vehículos blindados está contemplada en un acuerdo vigente desde 2010, que otorga a los ministros el derecho a contar con estos automóviles como parte de sus condiciones laborales. El blindaje y el desgaste mecánico obligan a renovar estos vehículos cada cuatro años, explicó. También desmintió rumores sobre un registro irregular de las camionetas en Morelos y confirmó que fueron debidamente emplacadas en la Ciudad de México.
Pese a la controversia, el proceso de compra aún no aparece en el Portal de Transparencia de la Corte, que no ha actualizado sus contrataciones desde septiembre de 2025, cuando comenzó la actual integración del pleno. Aguilar defendió además el presupuesto asignado para 2026, que se mantendrá en 5,208 millones de pesos, el mismo monto que el año anterior. “Si austeridad significa no gastar un peso, el Poder Judicial se paralizaría”, afirmó, y añadió que la austeridad debe entenderse como un uso responsable de los recursos públicos sin afectar la operación institucional.
La discusión sobre el gasto en vehículos blindados pone en el centro el equilibrio entre la seguridad de los servidores públicos y la percepción de privilegio en un momento en que la austeridad y la transparencia son temas prioritarios en la administración pública. La SCJN, como máxima instancia judicial, enfrenta así la tarea de justificar sus decisiones ante la sociedad y mantener la confianza en sus procesos internos.
La compra de vehículos blindados para funcionarios públicos ha sido objeto de debate en México, especialmente en el contexto de un país con altos índices de violencia y preocupaciones por la seguridad. La Suprema Corte no es la única institución que ha enfrentado críticas por estos gastos, lo que coincide con llamados internacionales, como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para transparentar y racionalizar el uso de recursos públicos en materia de seguridad y protección.
Este episodio se enmarca en un contexto más amplio de demandas ciudadanas por mayor transparencia en el Poder Judicial y otros órganos del Estado, así como por una gestión responsable del presupuesto público. La SCJN, al sostener su postura, busca equilibrar la protección necesaria para sus integrantes con el compromiso de austeridad y rendición de cuentas que exige la sociedad.
Para más información sobre transparencia gubernamental y normativas relacionadas, se puede consultar el Portal de Transparencia gob.mx y los lineamientos internacionales sobre administración pública en la página de la OCDE oecd.org.
