Salinas Pliego tiene cinco días para pagar 51 mil millones de pesos y obtener un descuento del 39%
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó un plazo límite esta semana al empresario Ricardo Salinas Pliego para saldar un adeudo fiscal millonario, con la posibilidad de acceder a un descuento significativo.
El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, confirmó en la conferencia matutina que la notificación oficial sobre el adeudo de 51 mil millones de pesos fue entregada a Grupo Salinas el pasado viernes 16 de enero, por lo que a partir de esa fecha se activa un plazo de cinco días hábiles para realizar el pago. De no cumplirse, explicó, se perdería el beneficio de un descuento de hasta 39 por ciento, que el fisco mexicano ofrece como incentivo para la liquidación anticipada y fraccionada del pasivo tributario.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el llamado al pago y descartó cualquier intención de persecución política contra el empresario, quien ha cuestionado públicamente la legitimidad del proceso y acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar presuntas violaciones a sus derechos. Sheinbaum subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ratificado la validez del requerimiento fiscal y rechazó los amparos promovidos por las empresas de Salinas Pliego, por lo que el Gobierno federal actúa conforme a derecho.
Esta resolución se da en el contexto de una histórica sentencia de la SCJN que permite al SAT cobrar cantidades pendientes por impuestos que las autoridades consideran adeudados. El caso de Grupo Salinas, conglomerado que incluye empresas como Elektra y TV Azteca, se ha convertido en uno de los más emblemáticos en la lucha contra la evasión fiscal en México, un tema prioritario para la administración actual.
El monto reclamado por el SAT equivale a una cifra récord y refleja la intensificación de las acciones fiscales contra grandes contribuyentes. El organismo también hizo un llamado a todas las empresas a cumplir con la presentación de sus declaraciones anuales dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, como parte de su estrategia para mejorar la recaudación y combatir la evasión SAT.
El desenlace de este caso tendrá implicaciones relevantes para la relación entre el sector privado y el Estado, en un momento en que el gobierno impulsa una política de mayor fiscalización y transparencia. Además, abre un precedente respecto al manejo de grandes adeudos fiscales y la aplicación de descuentos y facilidades para el pago, que buscan estimular la regularización sin recurrir a medidas coercitivas inmediatas.
Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más influyentes del país, enfrenta así una prueba clave para definir la viabilidad financiera y legal de sus negocios en los próximos meses. Si bien ha solicitado formalmente la revisión y ha defendido su postura, el plazo para concretar el pago con los beneficios establecidos está próximo a vencer.
Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de reformas fiscales y esfuerzos de México por cumplir con estándares internacionales en materia tributaria, alineados con recomendaciones de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) OCDE y la Organización Mundial de la Salud, que reconocen la importancia de fortalecer las finanzas públicas para garantizar el bienestar social WHO.
El seguimiento a este caso será determinante para evaluar la capacidad del Estado mexicano para hacer cumplir la ley en sectores con alto impacto económico y político, así como para medir la respuesta de los grandes empresarios ante las nuevas reglas del juego fiscal.
Antecedentes: El adeudo de Grupo Salinas proviene de revisiones fiscales que detectaron presuntas irregularidades en el pago de impuestos en años anteriores. La SCJN, en una decisión inédita, confirmó que los procedimientos del SAT son válidos, lo que ha permitido avanzar en la cobranza. Por su parte, Salinas Pliego ha rechazado las acusaciones y ha denunciado una persecución política, un reclamo que el gobierno federal ha negado consistentemente. La negociación incluye la posibilidad de pagos parciales y un descuento que, si no se aprovecha en el plazo establecido, dejará de estar disponible. Esta disputa se suma a un entorno donde la transparencia fiscal y la rendición de cuentas se han convertido en temas centrales para el desarrollo económico y social del país.
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