Registros oficiales exhiben concentración de concesiones de agua ligada a García Cabeza de Vaca

Registros oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de plataformas de transparencia documentan la vigencia prolongada de concesiones federales de agua subterránea otorgadas a familiares y aliados políticos del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en zonas del estado que enfrentan presión hídrica y episodios recurrentes de escasez.

Una de las concesiones más antiguas fue expedida el 23 de abril de 1996 a favor de Lourdes Cabeza de Vaca de García, madre del exmandatario. El título autoriza la extracción anual de 119 mil 750 metros cúbicos de agua del acuífero Bajo Río Bravo, en el municipio de Reynosa. De acuerdo con los registros consultados, la concesión se ha mantenido vigente de forma ininterrumpida durante casi 30 años, sin anotaciones marginales, modificaciones ni revisiones públicas documentadas.

El volumen autorizado desde 1996 hasta la fecha equivale a más de 3.5 millones de metros cúbicos de agua subterránea, es decir, más de 3 mil 500 millones de litros, un caudal promedio cercano a los 328 mil litros diarios durante casi tres décadas. La extracción se localiza en Reynosa, uno de los municipios con mayores dificultades de abasto en Tamaulipas y dependiente, en buena medida, de la presa Falcón, cuyos niveles se han mantenido históricamente bajos.

La situación se ha agravado en semanas recientes. Más de un centenar de colonias han registrado cortes prolongados en el suministro de agua potable debido a fallas en la infraestructura y trabajos de reparación. La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) ha aplicado tandeos y distribución mediante pipas como medidas temporales, sin que exista una solución estructural de largo plazo.

En este escenario, resulta relevante que Reynosa haya sido gobernada de manera consecutiva durante más de una década por Maki Ortiz y, posteriormente, por su hijo Carlos Peña Ortiz. Durante ese periodo, marcado por crisis recurrentes de abasto, no se tiene registro público de solicitudes para revisar, auditar o rescatar la concesión subterránea otorgada en 1996 a la madre de quien ha sido uno de sus principales aliados políticos.

El nombre de Lourdes Cabeza de Vaca de García también figura en investigaciones de carácter financiero. En mayo de 2021 se informó que la Fiscalía General de la República, con apoyo de autoridades estadounidenses, investigaba presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al entonces gobernador y a su círculo familiar. En ese contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el congelamiento de cuentas del exmandatario, de su esposa, de sus hermanos y de sus padres.

Las indagatorias incluían bienes inmuebles de alto valor, uso de empresas fantasma y esquemas de triangulación financiera. No obstante, no se informó públicamente si dichas investigaciones consideraron el aprovechamiento económico de concesiones de agua otorgadas décadas antes a integrantes del mismo núcleo familiar.

Además de la concesión de 1996, los registros oficiales muestran que el 4 de enero de 1999 nueve integrantes de la familia Villafranca Jasso recibieron el título de concesión 09TAM109284/25APDA14, que autoriza la extracción anual de 114 mil metros cúbicos de agua subterránea para uso agrícola. Esta concesión se localiza en el municipio de Güémez, dentro del acuífero Márgenes del Río Purificación, y ha permanecido vigente por 26 años sin anotaciones marginales.

Entre 1999 y 2025, el volumen autorizado representa cerca de 3 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a más de mil 180 albercas olímpicas, concentrados en una sola familia durante más de un cuarto de siglo.

La relación entre los Villafranca Jasso y el grupo político de García Cabeza de Vaca ha sido pública. Durante el sexenio del exgobernador, Jorge Villafranca Jasso presidió la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas en dos periodos consecutivos, etapa en la que se gestionaron programas y apoyos directamente vinculados al uso del agua para actividades ganaderas y agrícolas. Posteriormente, se mantuvo en el consejo directivo del organismo, mientras que su hijo fue designado en un cargo federal, nombramiento atribuido por diversos actores políticos a la cercanía con ese grupo de poder.

La concentración y permanencia de estas concesiones contrastan con los principios establecidos en los estatutos del Partido Acción Nacional, que priorizan el interés público, la transparencia y la prohibición del uso de influencias para obtener beneficios económicos. Asimismo, la Ley de Aguas Nacionales contempla mecanismos para revisar y, en su caso, rescatar o revocar concesiones antiguas y de alto volumen cuando exista causa de utilidad pública, desequilibrio social o presión ambiental.

Pese a ello, no existen registros públicos de que las concesiones otorgadas en 1996 y 1999 hayan sido sometidas a procesos formales de revisión, aun cuando se ubican en regiones de Tamaulipas identificadas oficialmente con estrés hídrico y problemas recurrentes de disponibilidad de agua. La ausencia de auditorías y evaluaciones periódicas mantiene abierto el debate sobre la gestión, concentración y uso del recurso en un contexto de creciente escasez.