PRI propone ampliar a dos años el registro obligatorio de líneas celulares en México
El senador Pablo Angulo del PRI busca extender de seis meses a dos años el plazo para registrar líneas móviles, argumentando que el tiempo actual pone en riesgo la conectividad de millones de usuarios.
El debate sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México ha vuelto a la agenda legislativa con una propuesta del senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pablo Angulo. Su iniciativa plantea extender el plazo para que los usuarios registren sus líneas de seis meses a dos años, ante el riesgo de que un número significativo de personas quede incomunicado por no cumplir un plazo que considera irreal.
Angulo señala que la normativa vigente, contenida en el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no toma en cuenta las profundas desigualdades sociales, tecnológicas y geográficas del país, que dificultan el acceso homogéneo al proceso de registro. Esta desventaja afecta especialmente a comunidades rurales, personas adultas mayores, personas con discapacidad y trabajadores con horarios limitados, quienes enfrentan mayores obstáculos para cumplir con el trámite.
El senador insiste en que la ampliación no implica eliminar el registro ni debilitar la seguridad pública. Por el contrario, advierte que un plazo corto puede generar consecuencias contraproducentes, como el uso de líneas no registradas o la exclusión de usuarios legítimos. La propuesta busca, por tanto, una implementación gradual y ordenada que permita al Estado fortalecer sus sistemas tecnológicos y administrativos sin afectar el derecho humano a la comunicación, reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El combate al fraude y a la delincuencia telefónica es un objetivo central, pero para Angulo no debe lograrse a costa de la conectividad de la población. El uso del teléfono celular es hoy una herramienta esencial para el trabajo, el estudio y la comunicación familiar, especialmente en sectores vulnerables. Por ello, subraya que la legislación debe ser responsable y centrada en las personas, buscando un equilibrio entre seguridad y acceso.
En el contexto mexicano, el registro de líneas móviles se implementó como una medida para combatir delitos relacionados con el anonimato telefónico. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos han señalado que los plazos y mecanismos actuales pueden generar exclusión digital, lo que impacta en el ejercicio de derechos fundamentales. La propuesta del PRI se suma a un debate más amplio sobre el acceso equitativo a las telecomunicaciones, un tema que también forma parte de las agendas de organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La iniciativa deberá ser discutida en el Congreso, donde sectores diversos analizarán su alcance y posibles ajustes. Mientras tanto, la discusión pone en evidencia la tensión entre la necesidad de seguridad y el respeto a derechos digitales en un país donde el acceso a internet y servicios móviles es clave para el desarrollo social y económico.
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