PAN y PRI piden frenar discusión de Ley de Aguas en San Lázaro
Diputados de oposición exigen más diálogo para incluir a todos los sectores afectados antes de aprobar la nueva legislación.
En la Cámara de Diputados, las bancadas del PAN y PRI solicitaron a la mayoría parlamentaria de Morena detener la discusión de la nueva Ley de Aguas, argumentando que la propuesta actual no contempla adecuadamente las demandas de los productores agropecuarios ni de otros sectores involucrados. Representantes campesinos de estados como Chihuahua, Guanajuato y Baja California también respaldaron esta petición, advirtiendo que la iniciativa vigente podría afectar derechos históricos y económicos relacionados con el agua.
El coordinador priista, Rubén Moreira, enfatizó en conferencia de prensa que el proyecto debe replantearse desde sus bases junto con los productores, pues considera que los ajustes realizados hasta ahora son simples parches que no resolverán los problemas de fondo. Moreira recordó que el dictamen incluye un artículo que impide la transmisión de concesiones y asignaciones de agua, lo que para el sector agropecuario representa una restricción severa, pues limita la posibilidad de vender o heredar esos derechos.
Humberto Ambriz, también miembro del PRI, coincidió en que la discusión debe suspenderse y la iniciativa ser retirada para permitir un diálogo más amplio. “Los productores solo piden que se detenga y se escuchen todas las voces”, afirmó tras reunirse con agricultores de Chihuahua y Guanajuato.
Por su parte, los diputados del PAN Noemí Luna, Paulo Martínez y Marcelo Torres manifestaron su rechazo a la ley tal como está redactada, calificándola de “completamente parchada” y carente de sustento técnico. Martínez señaló que no se ha considerado la opinión ni de los productores del campo, ni de municipios ni de la industria, por lo que pidieron aplazar la votación para encontrar puntos de coincidencia entre los distintos sectores afectados.
Durante la conferencia, productores agrícolas expresaron su preocupación sobre el impacto que tendría la ley en el sector primario y en la población en general. Jorge Robles, agricultor de Chihuahua, advirtió que la iniciativa resultaría perjudicial no solo para los campesinos, sino para toda la sociedad, pues el agua es un recurso vital para múltiples actividades económicas y sociales.
Esta controversia ocurre en un contexto donde el manejo del agua en México es un tema sensible y complejo, marcado por la escasez en varias regiones y la demanda creciente de diferentes sectores productivos y sociales. La legislación vigente data de hace varios años y busca actualizar las normas para optimizar el uso del recurso, pero la falta de consenso entre los legisladores y los interesados amenaza con retrasar su aprobación.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, presidida por la diputada morenista Elizabeth Cervantes, ha señalado que los cambios en la ley serán solo de forma y no de fondo, postura que ha generado críticas del PRI y PAN por considerar que no hay voluntad real de modificar los aspectos que preocupan a los productores.
La discusión sobre la Ley de Aguas es crucial para la política hídrica nacional, pues regula el acceso, uso y distribución del agua, un recurso estratégico afectado por el cambio climático y la presión demográfica. El proceso legislativo debe equilibrar intereses para garantizar la sostenibilidad y justicia en su manejo.
Para un análisis más detallado sobre la gestión del agua en México, se puede consultar información en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en la Organización de las Naciones Unidas sobre recursos hídricos y desarrollo sostenible.
Este llamado a la prudencia y al diálogo refleja las tensiones políticas y sociales que rodean la agenda ambiental y agrícola en el país, y subraya la necesidad de construir consensos amplios para evitar conflictos futuros en torno a un recurso indispensable para la vida y la economía.
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