Movimiento Ciudadano advierte sobre recortes en financiamiento para obras en Nuevo León
La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León expresó su preocupación por la posible eliminación del financiamiento solicitado por el Ejecutivo estatal para concluir proyectos estratégicos de infraestructura, incluyendo la ampliación del sistema Metro, en el presupuesto 2026.
La diputada Melisa Peña, integrante de la Comisión de Presupuesto, denunció que el dictamen en análisis propone una redistribución de recursos que resulta arbitraria e incoherente. Mientras se busca negar al gobierno estatal el acceso a deuda para inversión pública, se aprueban financiamientos y refinanciamientos para municipios, como Monterrey, que planea contratar más de 700 millones de pesos en deuda adicional y un refinanciamiento por encima de mil 400 millones. Peña advirtió que esta disparidad refleja un doble discurso que pone en riesgo proyectos fundamentales para el desarrollo regional.
Además, la legisladora alertó sobre recortes significativos en el presupuesto de secretarías clave, y al mismo tiempo incrementos excesivos, en algunos casos superiores al 30%, para órganos desconcentrados sin claridad en el equilibrio financiero. Esto podría implicar incumplimientos a la Ley de Disciplina Financiera, norma que regula el manejo responsable de la deuda pública en México.
La bancada de Movimiento Ciudadano sostiene que el financiamiento solicitado por el Ejecutivo busca culminar obras de infraestructura que no se han realizado en décadas y que son cruciales para mejorar la movilidad y el crecimiento de Nuevo León. Rechazar estos recursos, afirmó Peña, sería ignorar las necesidades reales de la población.
Peña reiteró que su grupo parlamentario mantendrá una postura responsable y apegada a la legalidad, y no respaldará un presupuesto que incumpla los principios de disciplina financiera. Por ello, no descartan la abstención hasta que se corrijan las inconsistencias detectadas en el dictamen.
Finalmente, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para establecer un diálogo abierto y constructivo que permita consensuar un presupuesto para 2026 que incluya el financiamiento necesario para el estado, respete la ley y priorice el bienestar ciudadano por encima de intereses partidistas.
La discusión sobre el presupuesto de Nuevo León se enmarca en un contexto nacional donde el manejo de la deuda pública y la asignación de recursos son temas centrales para garantizar la estabilidad financiera y el desarrollo sostenible, conforme a las directrices recomendadas por organismos internacionales como la OCDE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Antecedentes muestran que Nuevo León enfrenta retos importantes en infraestructura y movilidad, áreas clave para el crecimiento económico y la calidad de vida de sus habitantes. La aprobación o rechazo del financiamiento solicitado tendrá un impacto directo en la ejecución de proyectos que buscan atender estas demandas históricas.
