Madres buscadoras exigen transparencia tras hallazgo de fosas clandestinas en Concordia, Sinaloa
El descubrimiento de fosas clandestinas en Concordia reaviva la lucha de madres buscadoras que exigen información sobre sus familiares desaparecidos en un estado marcado por la violencia y la impunidad.
En Sinaloa, un territorio marcado por años de violencia y disputas entre grupos criminales, la búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una batalla constante para decenas de familias. María Isabel Cruz Bernal, originaria de Oaxaca y madre de un policía municipal desaparecido en 2017, encarna esta lucha. Tras la desaparición de su hijo Yosimar García Cruz, se ha dedicado a la tarea de buscarlo y apoyar a otros familiares a través de la asociación civil Sabuesos Guerreras A.C., que reúne a cerca de 2,800 familias en la entidad.
El hallazgo de al menos cinco fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, en Concordia, donde desaparecieron diez mineros e ingenieros que trabajaban para la empresa canadiense Vizsla Silver Group, ha puesto nuevamente en el foco la problemática de las desapariciones en Sinaloa. Sin embargo, para María Isabel y otros colectivos, este operativo estatal —sin precedentes en la región— evidencia una doble moral institucional que deja en la sombra a miles de desaparecidos que no reciben la misma atención. “Desafortunadamente tuvieron que desaparecer 10 mineros para que se desplegara un fuerte operativo”, lamenta en entrevista, recordando que decenas de personas han desaparecido sin que se active una respuesta similar.
Los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) revelan que en Sinaloa hay 6,829 personas desaparecidas desde 2006, con Culiacán y Mazatlán como los municipios con mayor número de casos. Concordia, aunque con cifras menores, aparece entre las localidades con un número significativo de desapariciones.
Para María Isabel, la búsqueda se ha convertido en un oficio peligroso. Desde que estalló la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa —“Los Chapitos” y “Los Dámaso”—, la violencia se ha intensificado, y ella ha recibido al menos 13 amenazas de muerte. “Buscar en este contexto es bastante difícil porque a veces tienes que salir corriendo, esquivar balas, esquivar drones. Da miedo”, relata. La desaparición de su hijo está vinculada a estos enfrentamientos; Yosimar desapareció tras participar en el rescate de militares heridos en un atentado ocurrido en 2016 en Culiacán, un episodio que marcó el inicio de una ola de violencia que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos.
La labor de Sabuesos Guerreras incluye no solo las búsquedas en terreno, a menudo en zonas controladas por el crimen organizado, sino también asesoría legal para familias que enfrentan la indiferencia o la omisión de las autoridades. María Isabel ha debido recurrir a un amparo legal para conservar el sueldo de su hijo desaparecido y financiar este trabajo que realiza sin remuneración alguna. “Vivo y me muevo con el cheque de mi hijo, para hacer las búsquedas, para hacer todo. Yo soy 24/7 en esto”, afirma con determinación.
A pesar de la reciente localización de fosas en El Verde, los colectivos denuncian la falta de transparencia de las autoridades. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Sinaloa mantienen bajo estricta reserva las investigaciones, lo que impide a las familias acceder a información básica como las características de las prendas o las identidades preliminares de los cuerpos encontrados. Para los buscadores, este bloqueo se traduce en una tortura psicológica que agrava el dolor de quienes esperan respuestas.
Colectivos como Sabuesos Guerreras y “Por las Voces Sin Justicia” han emitido comunicados en los que exigen a las autoridades un trato digno y constante, así como el cumplimiento de sus obligaciones para con las víctimas. La Plataforma Ciudadana de Fosas, que documenta hallazgos en todo México, reporta que entre 2006 y 2024 se han detectado 128 fosas en Sinaloa con 122 cuerpos sin identificar, además de otras 14 fosas con 24 cuerpos localizadas por la FGR. Sin embargo, no hay registros públicos detallados, lo que dificulta el seguimiento y esclarecimiento de los casos.
La situación en Concordia es un reflejo del contexto más amplio en Sinaloa, donde la violencia es cotidiana. María Isabel describe un escenario en el que los ataques, ejecuciones y desapariciones son moneda corriente, y la sociedad parece haberse habituado al horror. “Es tan normal que ya nadie dice nada. Que alguien desaparezca mientras no sea el tuyo no interesa”, comenta con tristeza. Mientras tanto, madres como ella continúan cavando en la tierra, buscando a quienes les fueron arrebatados por un conflicto que trasciende lo personal y se inserta en la guerra que México libra contra el crimen organizado.
Este caso también pone en evidencia las limitaciones del sistema de justicia mexicano, que no solo falla en proteger a las víctimas, sino que mantiene opacidad en el acceso a la información, un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática. La búsqueda de desaparecidos, reconocida por organismos internacionales como la ONU y la UNESCO, debe ir acompañada de transparencia y justicia para evitar la revictimización de las familias.
El hallazgo de las fosas en Concordia ha generado un debate sobre las prioridades y recursos del Estado frente a la crisis de desapariciones. Mientras la atención mediática y gubernamental se movilizó ante la desaparición de los mineros, otras desapariciones permanecen invisibilizadas, lo que subraya la necesidad de una política pública integral que atienda a todas las víctimas por igual y garantice el acceso a la verdad y reparación.
La historia de María Isabel y las madres buscadoras de Sinaloa es un testimonio del dolor, la resistencia y la exigencia de justicia en un país donde la violencia se ha normalizado y las instituciones aún no han logrado responder a la magnitud del problema.
Sinaloa ha sido uno de los estados más afectados por la violencia relacionada con el narcotráfico y las disputas internas de los cárteles. Desde 2006, el país enfrenta una crisis de desapariciones forzadas que ha involucrado a diversas autoridades y grupos criminales. Ante la falta de respuesta estatal, colectivos de familiares han surgido para llenar ese vacío, convirtiéndose en actores clave en la búsqueda y documentación de víctimas. Esta lucha se enmarca en un contexto global donde la desaparición forzada es una violación grave a los derechos humanos, reconocida y combatida por organismos internacionales, pero que en México sigue siendo una realidad diaria para miles de familias.
Image Source: https://animalpolitico.com/sociedad/sinaloa-madres-buscadoras-fosas-clandestinas-concordia
