Gobierno de Américo Villarreal rechaza señalamientos sin pruebas y descarta persecución política en caso Dalka
Tamaulipas
La administración estatal asegura que ninguna de las acusaciones difundidas públicamente aparece en los expedientes del litigio y sostiene que el caso se ha resuelto mediante procedimientos legales revisados durante más de tres años.
El Gobierno de Tamaulipas salió al paso de las versiones difundidas en torno al caso de Grupo Empresarial Dalka y rechazó categóricamente cualquier insinuación de persecución política, corrupción o presuntos beneficios indebidos vinculados con familiares del gobernador Américo Villarreal Anaya o integrantes de la administración estatal.
El consejero jurídico del Ejecutivo, Marco Antonio García Barrientos, afirmó que ninguna de las acusaciones que recientemente han circulado en medios de comunicación forma parte de los expedientes judiciales, demandas, recursos legales o pruebas presentadas durante el litigio. Incluso señaló que no existe registro de denuncias formales relacionadas con supuestos sobornos, cobros indebidos o solicitudes económicas atribuidas al entorno del mandatario estatal.
El funcionario sostuvo que, a diferencia de las declaraciones mediáticas, las resoluciones emitidas por autoridades administrativas, judiciales y federales se han basado en documentos, informes oficiales y elementos probatorios incorporados legalmente al proceso, mismo que ha sido revisado durante más de tres años por distintas instancias.
García Barrientos recordó que el conflicto tuvo origen en la rescisión de un contrato para el suministro de despensas en 2023 y destacó que diversas resoluciones han respaldado la actuación del Gobierno de Tamaulipas. Asimismo, explicó que las investigaciones actualmente en curso derivan de presuntas inconsistencias documentales detectadas dentro del propio litigio y no de las acusaciones públicas que han sido difundidas recientemente.
También descartó versiones sobre supuestas restricciones de movilidad contra representantes de la empresa y reiteró que la administración estatal mantiene disposición al diálogo dentro de los cauces institucionales correspondientes.
La postura del Gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya es clara: las acusaciones deben sostenerse con pruebas y no con declaraciones mediáticas. Por ello, reiteró que serán las autoridades competentes quienes determinen el desenlace del caso con base en expedientes, documentos y resoluciones legales, no en especulaciones o narrativas construidas fuera de los tribunales.