Exsecretario de Educación en Sonora rechaza cargos y acusa a Fiscalía de omisión
Víctor Guerrero, exsecretario de Educación y Cultura de Sonora, niega acusaciones de peculado y denuncia irregularidades en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
Víctor Guerrero, quien dirigió la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora durante la gestión de Claudia Pavlovich, enfrenta cargos por presunto peculado relacionados con el manejo de recursos públicos entre 2018 y 2021. Detenido desde agosto de 2025, Guerrero sostiene que las acusaciones carecen de fundamento y acusa a la Fiscalía Anticorrupción de manipular pruebas y desviar la investigación hacia una empresa privada, Consulta Actuarios.
La Fiscalía, encabezada por Mauricio Ibarra Romo, sostiene que hubo un daño patrimonial cercano a los 290 millones de pesos, transferidos indebidamente mediante un fideicomiso y una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL). Sin embargo, Guerrero asegura que los recursos no provienen del erario público, sino de retenciones salariales de maestros, un esquema financiero establecido desde 1986 mediante un acuerdo con la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En una carta pública, el exfuncionario señaló que él mismo presentó en 2021 una denuncia contra Consulta Actuarios tras detectar irregularidades en la administración del “Plan de Beneficios Múltiples”, un programa relacionado con estos fondos. Según Guerrero, dicha denuncia fue archivada en 2024 sin explicación, mientras que la Fiscalía Anticorrupción ha centrado la investigación en exfuncionarios, ignorando pruebas que, a su juicio, podrían exonerarlos y apuntar hacia la empresa involucrada.
El exsecretario exige transparencia y advierte que, si los recursos son considerados públicos, también deben investigarse a funcionarios de la administración actual que hayan participado en su manejo. Su caso se suma a la investigación contra Ernesto de Lucas Hopkins, otro exsecretario de Educación y excandidato al Senado, vinculado a proceso por peculado en un expediente relacionado con el mismo programa.
Estas acusaciones ocurren en un momento en que Sonora enfrenta una agenda compleja en materia de seguridad y gobernabilidad, donde la transparencia en el manejo de recursos públicos es un tema sensible tanto para la sociedad como para las autoridades. La controversia pone en evidencia las dificultades que enfrentan las instituciones en la lucha contra la corrupción y la necesidad de procesos judiciales claros y equitativos, conforme a los estándares internacionales promovidos por organismos como la OCDE y la ONU.
La Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, así como la Fiscalía Anticorrupción, aún no han emitido pronunciamientos públicos recientes sobre el caso, que sigue abierto y bajo investigación.
Este escenario refleja la complejidad del combate a la corrupción en México, donde la intersección de intereses políticos, administrativos y legales puede afectar la confianza ciudadana. La vigilancia y el seguimiento de estos procesos son fundamentales para fortalecer el Estado de derecho y la rendición de cuentas en el país, un objetivo que organismos como el Banco Mundial han señalado como prioritario para el desarrollo institucional.
La disputa legal y política en torno a este caso subraya la importancia de un sistema judicial independiente y transparente, capaz de garantizar el acceso a la justicia sin sesgos ni omisiones, elementos imprescindibles para la credibilidad pública y la estabilidad democrática.
