Congreso ordena auditoría a programa estatal de reforestación por posibles irregularidades
El Congreso de Nuevo León solicitó una revisión exhaustiva a la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre el manejo de recursos públicos destinados a programas de reforestación entre 2023 y 2025, ante sospechas de irregularidades en la asociación Reforestación Extrema, dirigida por Cosijoopii Montero.
La petición surge tras denuncias que apuntan a posibles sobreprecios en la adquisición de árboles y la existencia de facturas clonadas en los gastos reportados. Además, se cuestiona la medición y reporte de los resultados del programa, lo que ha generado inquietud sobre la transparencia y eficacia en el uso de fondos públicos para proyectos ambientales. Por esta razón, el Congreso también instó a la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE) a investigar y, en su caso, proceder legalmente contra quienes resulten responsables.
Este llamado se da en un contexto donde la reforestación es una prioridad para combatir la pérdida de cobertura vegetal y mitigar los efectos del cambio climático en la región. Sin embargo, la presunta mala administración de recursos pone en riesgo no solo la credibilidad del programa, sino también la posibilidad de alcanzar metas ambientales que requieren un manejo cuidadoso y honesto de los fondos públicos.
La ASE deberá realizar una auditoría excepcional que incluya la revisión de contratos, facturas y resultados físicos del programa. Mientras tanto, la UIFE analizará posibles irregularidades financieras para determinar si existen actos ilícitos que ameriten sanciones. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) también podría intervenir para verificar la autenticidad de las facturas presentadas.
La asociación Reforestación Extrema, que ha recibido millonarios recursos para la compra de equipo y la plantación de árboles, enfrenta ahora un escrutinio riguroso tras las denuncias públicas. La transparencia en estos procesos resulta crucial para garantizar que los programas ambientales cumplan con sus objetivos y que los recursos estatales se utilicen adecuadamente, especialmente en un momento en que México se compromete a fortalecer sus políticas de sostenibilidad, conforme a los lineamientos de la UNESCO y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Este caso también pone en relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en la gestión pública estatal, en línea con recomendaciones internacionales de la OCDE para mejorar la eficiencia y transparencia en el gasto público.
En un país como México, donde la protección ambiental es un desafío urgente, la vigilancia sobre el uso de recursos para programas como la reforestación es fundamental para recuperar ecosistemas y cumplir con compromisos globales en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.
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