El alcalde de Victoria, Tamaulipas, Eduardo Gattás, y su secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez, impugnan ante el Tribunal Electoral estatal una multa de 11 mil 314 pesos impuesta por violencia política de género. La sanción, dictada por el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), también incluyó su registro en los padrones nacional y estatal de personas sancionadas por esta conducta, medida que ambos funcionarios consideran injustificada y lesiva para su imagen pública.
Gattás y Reséndez argumentan que la multa carece de un análisis real y verificable sobre sus condiciones socioeconómicas, pues, aseguran, no se tomaron en cuenta aspectos como ingresos, cargas económicas u obligaciones financieras. Señalan que la sanción es desproporcionada, ya que equivale al 20% del máximo legal permitido para una infracción ordinaria sin agravantes, y denuncian que no se consideraron sanciones menos gravosas, como apercibimientos o amonestaciones.
Los funcionarios niegan que el caso tenga un componente de género, ya que aseguran que su actuación fue institucional y no motivada por atacar a la denunciante en razón de su sexo. Insisten en que habrían actuado igual si la persona involucrada fuera un hombre. El incidente está relacionado con la lectura en sesión de cabildo de un escrito presentado por un particular, que solicitaba apoyo para resolver un problema entre la síndica y su hijo.
El Ietam sostuvo que existían vías alternativas para notificar a la denunciante, que hubieran preservado mejor su privacidad, como una reunión en las oficinas del alcalde o del secretario del Ayuntamiento, en lugar de exponer la información durante la sesión pública. Además, el caso fue turnado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipal.
La impugnación presentada pide también anular el registro de ambos funcionarios en los padrones de infractores, pues consideran que vulnera sus derechos a la honra, reputación, imagen pública y presunción de inocencia. El proceso refleja las complejidades en la aplicación de la legislación sobre violencia política de género, un tema que ha cobrado relevancia en México ante el llamado de organismos internacionales como la UNESCO y la ONU, que insisten en la necesidad de erradicar la discriminación y garantizar la participación igualitaria de las mujeres en la política.
En Tamaulipas, la discusión sobre la violencia política de género ha generado debates sobre los límites de la sanción y la protección de los derechos de los funcionarios públicos, en un contexto donde la legislación electoral busca equilibrar la defensa de las víctimas con las garantías procesales de los acusados. La resolución de este caso podría sentar un precedente en la interpretación de estas normativas a nivel local y nacional, en sintonía con las recomendaciones de la OECD para fortalecer la transparencia y la equidad en los procesos políticos.
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