En Perspectiva | Ni sospechas ni silencios: Rocha, la soberanía y la exigencia ciudadana
En momentos de tensión política, la ciudadanía suele quedar atrapada entre dos extremos: la condena anticipada y la defensa automática. Ninguno de los dos caminos construye justicia. El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vuelve a colocar a México en ese punto incómodo donde se cruzan versiones, intereses y presiones externas.
La reciente discusión sobre posibles señalamientos desde instancias estadounidenses ha encendido el debate público. Pero más allá del ruido, hay una exigencia que no puede perderse: claridad. Porque cuando las acusaciones se sostienen en indicios poco definidos o en referencias ambiguas, lo que se genera no es justicia, sino incertidumbre.
Desde la voz ciudadana, la postura debe ser firme y coherente: que se investigue todo, que se pruebe todo y que se actúe conforme a derecho. Sin excepciones. Sin privilegios. Pero también sin atajos.
En ese sentido, la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marca un punto relevante. Al señalar que no se protegerá a nadie y al mismo tiempo cuestionar el injerencismo histórico de Estados Unidos, plantea un equilibrio que no es sencillo, pero sí necesario. Defender la soberanía no implica encubrir; implica garantizar que los procesos se conduzcan bajo reglas claras y dentro del marco institucional mexicano.
Porque el riesgo de aceptar cualquier señalamiento externo sin el debido sustento no es menor. Significa abrir la puerta a que la vida política nacional pueda ser alterada por acusaciones que, en el terreno mediático, tienen efectos inmediatos, aunque en el jurídico aún no estén consolidadas.
Pero también sería un error cerrar filas sin cuestionamiento. La ciudadanía ya no tolera pactos de silencio ni redes de protección. Lo que exige es algo más básico, pero más difícil: verdad verificable.
En el norte del país, donde la relación con Estados Unidos es cotidiana y donde los temas de seguridad tienen una carga histórica profunda, esta discusión se siente más cercana. No es teoría. Es realidad. Y por eso mismo, la exigencia es doble: soberanía hacia afuera y legalidad hacia adentro.
El caso de Rocha no debe resolverse en los medios ni en la presión política. Debe resolverse con pruebas. Con instituciones. Con procedimientos que resistan el escrutinio público.
Hoy la ciudadanía no pide discursos.
Pide algo más contundente: que la justicia no se negocie, pero tampoco se improvise.