INE busca elevar seguridad a nivel de Presidencia y Fiscalía para proteger sus instalaciones
El Instituto Nacional Electoral (INE) impulsa un plan para reforzar sus sistemas de seguridad, equiparándolos a los de la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la República (FGR), ante el aumento de amenazas y agresiones registradas en sus sedes. La iniciativa contempla la instalación de videocámaras digitales, torniquetes y controles más estrictos tanto peatonales como vehiculares en 40 inmuebles, incluyendo oficinas centrales y juntas locales.
La Dirección Ejecutiva de Administración del INE sostiene que las condiciones actuales de seguridad son insuficientes para contener el ingreso no autorizado de personas, lo que ha generado interrupciones en la labor de empleados y funcionarios. El acceso de visitantes y proveedores sin un seguimiento riguroso ha derivado en quejas frecuentes, mientras que en eventos masivos, como el registro de candidatos, el personal tiene que gestionar el control de miles de asistentes sin apoyo tecnológico adecuado.
Actualmente, el INE opera con 209 cámaras de vigilancia, aunque no se ha informado oficialmente sobre el número exacto de nuevos dispositivos ni el costo total del proyecto. La transparencia sobre estos detalles se ha limitado, ya que el Comité de Transparencia decidió reservar la información al considerar que la seguridad del instituto entra dentro de las materias clasificadas como de seguridad nacional. Esta decisión ha generado cuestionamientos, sobre todo por la propuesta de colocar cámaras en áreas como la sala de prensa, situación que ha causado preocupación entre periodistas y parte de los consejeros del INE, algunos de los cuales aseguran no haber sido consultados.
El plan incluye el fortalecimiento del centro de monitoreo para ampliar la capacidad de almacenamiento de imágenes, con el objetivo de que sirva como herramienta preventiva y de apoyo para la toma de decisiones. Además de las oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México —donde operan 97 cámaras—, se equiparán sedes en localidades como Tlalpan, Tláhuac, y las 32 juntas locales ejecutivas.
Este esfuerzo se enmarca en un contexto nacional donde la seguridad en espacios públicos y oficinas gubernamentales ha cobrado relevancia, dado el incremento de amenazas dirigidas a funcionarios y trabajadores electorales. El INE busca así proteger la integridad de sus instalaciones y garantizar la continuidad de sus funciones en un entorno cada vez más complejo.
La importancia de esta medida radica en la función del INE como órgano autónomo encargado de organizar procesos electorales en México, cuya operación segura es vital para la democracia. La comparación con la seguridad de la Presidencia y la FGR refleja la prioridad que debe otorgarse a la protección de esta institución frente a riesgos diversos.
Para comprender mejor el alcance de estas medidas, puede consultarse la información oficial del Instituto Nacional Electoral y la normativa sobre seguridad en dependencias públicas, disponible en portales como gob.mx. Además, la preocupación por la transparencia en el uso de tecnologías de vigilancia está alineada con debates internacionales sobre derechos y privacidad, temas abordados por organismos como la UNESCO y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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