Cantones sin homicidios en Ecuador revelan dinámicas de violencia territorializada
En un año marcado por un récord de violencia, Ecuador registró en 2025 un promedio de 25 muertes violentas diarias, sin embargo, 53 cantones del país no reportaron homicidios intencionales, un fenómeno que expertos atribuyen a factores geográficos, económicos y estratégicos.
La distribución de la violencia letal en Ecuador no es homogénea. Mientras provincias como Guayas, Manabí y Los Ríos concentran las mayores tasas de homicidios debido a su relevancia logística para el narcotráfico y la presencia de grandes mercados urbanos, otros territorios permanecen al margen de esta dinámica. En particular, 35 cantones de la Sierra, principalmente en el sur, junto con varios de la Amazonía y Galápagos, cerraron el año sin registrar muertes violentas. Estas zonas se caracterizan por baja densidad poblacional, economías basadas en la agricultura, el turismo comunitario o bionegocios, y escasa vinculación a las rutas del narcotráfico internacional, lo que reduce las disputas violentas.
El sociólogo Marco Salamea destaca que la estabilidad relativa de provincias como Azuay, Cañar y Loja responde en parte a la migración histórica y las remesas que envían sus habitantes desde el extranjero, principalmente Estados Unidos. Estos ingresos actúan como amortiguadores sociales que disminuyen la pobreza y las tensiones estructurales, factores que suelen alimentar la criminalidad cuando las condiciones de vida son precarias. Además, la cohesión social y el control comunitario, especialmente en poblaciones indígenas, funcionan como mecanismos de prevención que limitan la escalada de violencia letal, aunque no eliminan la presencia de otros delitos.
En la Amazonía, según el experto en seguridad José Luis Castillo, la baja letalidad no implica ausencia de criminalidad. La dispersión territorial y la baja densidad de población reducen los conflictos cotidianos que en zonas urbanas suelen derivar en homicidios. No obstante, actividades ilegales como la minería y tala clandestina, el narcotráfico de tránsito y otras economías extractivas persisten, gestionadas mediante arreglos locales y control silencioso que evitan enfrentamientos violentos directos. El riesgo surge si estos cantones adquieren valor estratégico por la urbanización acelerada o la aparición de infraestructuras como puertos fluviales, lo que podría desatar nuevas disputas.
En la costa y zonas fronterizas, la ausencia de homicidios puede obedecer a estrategias criminales específicas, explica la politóloga Katherine Herrera Aguilar. En lo que denomina “islas de paz criminal”, grupos delictivos mantienen un control estable con baja disputa para preservar sus rentas, evitando la violencia letal que atrae la atención estatal. En estos territorios, la coerción se ejerce a través de extorsión, amenazas y cooptación institucional, prácticas que evidencian una gobernanza criminal efectiva aunque menos visible. Esto subraya que medir la seguridad exclusivamente por la tasa de homicidios puede ser engañoso.
Los especialistas coinciden en que estas realidades no son fácilmente replicables en otras regiones, dado que dependen de circunstancias históricas, geográficas y socioeconómicas complejas. Sin embargo, señalan que el fortalecimiento de organizaciones comunitarias y el apoyo estatal sostenido pueden contribuir a la prevención. La presencia del Estado debe ser permanente y no solo reactiva, especialmente en nodos estratégicos como corredores fronterizos y puertos fluviales, para evitar que territorios “administrados” por actores ilegales se conviertan en zonas de disputa violenta.
La ausencia de homicidios tampoco debe interpretarse como paz estructural. La violencia puede manifestarse en formas no letales pero igualmente coercitivas, como extorsión sistemática, amenazas selectivas, reclutamiento de jóvenes, violencia sexual o desapariciones, todas señales de control criminal activo. Además, el control criminal puede profundizarse con la captura institucional, mediante la cooptación de autoridades locales y la imposición de reglas informales sobre economías y servicios públicos.
Este análisis invita a mirar más allá de las cifras de homicidios para entender la complejidad de la violencia en Ecuador. La calma aparente en ciertos cantones puede ser una etapa previa a la escalada si no se detectan y atienden a tiempo las señales tempranas de conflicto y criminalidad encubierta.
La violencia homicida suele anticiparse por el aumento de extorsiones, circulación de armas y disputas por mercados ilícitos, según alertan los expertos. Por ello, la atención debe centrarse en fortalecer la presencia estatal y la cohesión social, sin subestimar que los territorios sin homicidios pueden estar bajo un control criminal silencioso que encubre riesgos futuros.
Este fenómeno refleja cómo la violencia en Ecuador se territorializa y está condicionado por factores económicos, sociales y geográficos, un desafío que demanda políticas de seguridad diferenciadas y un análisis profundo de las dinámicas locales.
Para más información sobre las estrategias de combate al crimen organizado, puede consultarse la página de Interpol Ecuador y los informes sobre seguridad regional de la ONU. La UNESCO también destaca la importancia de la cohesión social y la educación en la prevención de la violencia.
Ecuador enfrenta un escenario complejo donde la violencia no desaparece con la ausencia de homicidios, sino que se transforma y se adapta a las características de cada territorio. Entender estas dinámicas es clave para diseñar respuestas efectivas que garanticen la seguridad y la paz a largo plazo.
